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Colombia realizará en 2011 dos elecciones, una de las cuales prácticamente ya se nos vino encima. El próximo 29 de mayo, 6 de los 12 partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente celebrarán consultas internas o populares. Y el 30 de octubre los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos municipales y Juntas Administradoras Locales. Ambos comicios, como corresponde, estarán a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la cabeza de la cual se encuentra Carlos Ariel Sánchez Tórres, baquiano de varios eventos, que viene lanzando alarmas inadvertidas por una sociedad obligada a conjurar otros y tantos incendios.
Elecciones en este año invernal, cargado de malas noticias, saqueado por la peste de la corrupción y necesitado de unos altísimos grados de inversión destinada a aliviar el desastre y el dolor públicos, es un asunto delicado. Según el Registrador, las amenazas al proceso heráldico de la democracia provienen de varios frentes. Están las ejercidas por grupos criminales como las Farc y las Bacrim, y las que buscan vulnerar el proceso a través del fraude por suplantación y la trashumancia electoral. Entre las unas y las otras hay vasos comunicantes, pues según los mapas de riesgo realizados por la Registraduría, las zonas más proclives al dolo coinciden con corredores para el tráfico de drogas o con importantes ingresos por conceptos de regalías.
Hasta ahí, nada que no se haya venido manejando en las más recientes elecciones, mediante la depuración del proceso de inscripción de cédulas. Señala el Registrador Sánchez Tórres: “Para controlar este primer eslabón de la cadena del fraude la Registraduría Nacional diseñó este año un nuevo formato de formulario de inscripción, que va ‘personalizado’ para cada puesto de inscripción a fin de evitar que los formularios sean trasladados a otro lugar. Así mismo se diseñó un nuevo software que permite llevar un control permanente del proceso y se están haciendo cotejos dactilares de las huellas impresas en los formularios, con el propósito de detectar de manera temprana posibles casos de suplantación”.
Pero en este punto, se requieren varias condiciones. La primera, claro, el concurso de los funcionarios de la entidad, que deben reaprender las nuevas tecnologías y las mejoras en cada etapa del nuevo proceso, al mismo tiempo que por falta de recursos, la segunda, deberán seguir inscribiendo cédulas en papel y de manera manual.
Como queda planteado, el problema es platica. Mucha, mucha platica, que el Registrador no está encontrando por parte alguna. Con un inmenso tacto, sí, y esgrimiendo la siempre recurrente creatividad de la entidad y de sus funcionarios, el hombre manifiesta que “el poco presupuesto asignado por el Gobierno Nacional para las elecciones de 2011 descartó la posibilidad de contar con voto electrónico para estos comicios y nos hace temer un número de mesas de votación insuficiente para atender un censo electoral de más de 30 millones de votantes”.
Eso del poco presupuesto tiene cifras, casi todas partidas por la mitad. Veamos: la Registraduría para la realización de los comicios electorales de 2011 solicitó inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público $741.548 millones. Han sido asignados $203.598 millones. Hay un faltante de $537.950 millones. Para el periodo de inscripción de cédulas, la Registraduría solicitó al Gobierno Nacional $38.000 millones para inscribir a 5 millones de ciudadanos. El Gobierno finalmente asignó $17.000 millones. Para la celebración de las consultas de partidos y movimientos políticos, que mejor dicho son pasado mañana, la Registraduría le pasó el sombrero al dueño del billete para que le diera $90.218 millones. El gobierno le asignó $60.000.
“Por falta de recursos para el desarrollo de estas elecciones–-se puede leer en la página web–, la Entidad tendrá que suprimir la implementación de componentes tecnológicos del proceso electoral. La restricción también implicaría la reducción del número de mesas de votación a instalar, situaciones que le generarían dificultades al elector”. Sin el billete adecuado, han pasado cosas preocupantes. Se redujo el tiempo de inscripción y la penuria obligó a realizar todo el proceso de manera manual, en papel, “con el desgaste administrativo y los riesgos de fraude que ello implica”.
La semana pasada, el Registrador advirtió sobre el costo, otro costo, de los candidatos inhabilitados (calculable por el costo de instalar una mesa de votación, que se ubica alrededor de $1.500.000, incluyendo kit electoral, logística y telecomunicaciones para la transmisión de datos). “Si un candidato obtiene 100.000 votos y existe un promedio de alrededor de 200 votos por mesa –dijo–, tenemos que para esos votos se requirieron 500 mesas. A un costo de $1.500.000 por mesa, ese candidato inhabilitado le costó al Estado $750 millones”.
Mientras los aspirantes, candidatos, postulantes y tentados, se envuelven en las habituales polémicas domésticas con la mira puesta en los puestos, el Registrador avanza con el optimismo ascendente de Sísifo en esa montaña de dificultades. Se propone fehacientemente “garantizarle al país que el 30 de octubre volvamos a repetir un éxito como alcanzado en la primera vuelta presidencial del 30 de mayo de 2010, cuando logramos informar el 95% de las mesas en 90 minutos, y que ratificamos el 20 de junio cuando informamos el resultado del 95,32% de las mesas instaladas 58 minutos después del cierre de las urnas, batiendo todos los récords de la Entidad. Alcanzar ese nivel de excelencia es nuestro reto para este año”.
Las elecciones cogen al país en un pésimo momento y a la Registraduría llena de faltantes. Le va a tocar a CM& comenzar la campaña “Ayudémosle a Carlos Ariel”.
