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La educación es un tema fundamental en la formación de las personas y es deber de Estado apoyarla.
Sin embargo, existen regímenes, siempre autoritarios, que consideran el tema de la educación, no solamente como un deber del Estado, sino también, como un derecho del mismo a formar a los ciudadanos en función de sus intereses políticos e ideológicos, ajenos a la libertad esencial propia de los individuos. La que constituye su esencia.
Es así como el Estado la convierte en un medio de adaptación al sistema social que, de este modo y otros más sofisticados, se propone imponer, en beneficio de sus propios intereses; independientemente de los individuos de la sociedad que anhelan, por la vía de la educación, alcanzar espacios mayores de libertad para pensar, proponer y servir; sin hacer mal a nadie, pero si como una forma bien diversificada, propia de la especie humana, para actuar de manera individual en bien de la colectividad diversa, a la que sirve y de la que se sirve, para crecer y desarrollarse como persona y comunidad.
Es necesario que el Estado financie un sistema de educación pública y privada suficientemente capaz de ilustrar a todos sus beneficiarios en la diversidad de pensamiento que se refleja en la especie humana, para que por medio de los debates académicos que son propios de los centros de educación, las personas, puedan formar criterios que reafirmen su condición de individuos únicos e irrepetibles; que, además, se orienten dentro de los principios de solidaridad y servicio que dan garantía de sostenibilidad y desarrollo al conjunto pleno de la sociedad.
El Estado debe asegurar la financiación de una educación pública sólida y libre de cualquier atadura ideológica que coarte la creatividad, para que nazcan propuestas orientadas a garantizar el bien común y el crecimiento físico, intelectual y espiritual de las personas. Personas que buscan tener cuerpos sanos, mentes creativas y una ambición natural de transcendencia en este mundo y en un más allá que se hace comprensible solamente cuando se desarrolla el espíritu.
En este orden de ideas, las limitaciones de financiamiento de la educación pública deben ser resueltas por encima de cualquier otra prioridad. No hacerlo, es castrar la esencia de la persona humana y reducirla, por las limitaciones que produce su falta de formación, a dependientes exclusivamente del Estado sin posibilidad de aportar y desarrollarse.
En este trabajo conjunto con el Estado, la educación privada, manejada con los mismos criterios expuestos anteriormente, conduce a la ampliación de los recursos disponibles y, por tanto, cumple con el fin de subsidiaridad que corresponde a muchos de los actores con capacidad de promover instituciones docentes en la sociedad. Por lo que se debe apoyar su iniciativa, aliviar sus cargas tributarias y estimularlas, permanentemente, para que puedan hacer, cada vez mejor, su trabajo con cada individuo y la sociedad como un todo.
Al día de hoy y después de la ley 30 de 1992, la universidad pública en Colombia no ha contado sino con un incremento presupuestal equivalente a la inflación anual.
Esto, solamente, permite sostener la nómina y el gasto de mantenimiento, tal cual era en el año 1992, sin considerar las actualizaciones a las que debe responder para mejorar la remuneración de los profesores, en función de nuevas adquisiciones docentes de mayor calidad –que obviamente son más costosas–, ni los requerimientos que exige una mayor población estudiantil que, por la perversidad de la ley, no han podido ser atendida.
Tampoco se prevén los requerimientos de ampliación de infraestructura arquitectónica y tecnológica que requiere la universidad para ser suficientemente competente en el aporte formativo y de actualización científica.
Colombia tiene una deuda social muy grande con la universidad pública, que debe ser atendida con urgencia, si realmente queremos transformar el país.
Los costos en que incurre el Estado colombiano manteniendo a los corruptos bajo las toldas de los “lideres” políticos de todas las pelambres, pueden financiar el déficit, pero se necesita la decisión radical y determinante del presidente de los colombianos para apostarle a la educación pública sin restricciones y fundados en una estrategia de alta prioridad, para que Colombia deje de ser un referente de bandidos, terroristas –de derecha y de izquierda–, corruptos, ladrones violadores, etc.
Solamente así Colombia podrá lograr ser, ojalá, más pronto que tarde, un Estado no fallido, donde el civismo, caracterizado por la solidaridad y el respeto a los demás, se desarrolle en un ambiente de libertad que permita la formación humana en todos los aspectos y se convierta, con base en la justicia y la democracia, en pilar de nuestra identidad nacional.
