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Llegó el 2011 con una amplia canasta de alzas en los precios de productos y servicios, una serie de ajustes tributarios y un amplio debate sobre el incremento del salario mínimo. Como todos los años, la negociación entre los trabajadores y los empresarios no dio fruto alguno y, de hecho, el Gobierno terminó tomando la decisión como todos los años por decreto.

La semana pasada, el informe sobre el índice de inflación en diciembre cayó como un “valde de agua fría” a todos los sectores, por un incremento inesperado en el cálculo. De hecho, en un artículo reciente de ELTIEMPO se afirmó que el salario de los trabajadores que ganan el mínimo “sí perdió poder de compra, pues mientras la inflación para toda la población fue de 3,17 por ciento, las alzas para ingresos bajos (donde están quienes ganan el mínimo) fueron de 3,58 por ciento”. Así las cosas, el impacto de las alzas en el costo de vida que sienten los hogares de ingresos bajos fue más fuerte que en ingresos medios, que recibieron una inflación de 3,2 por ciento, y que en ingresos altos, con alzas de 2,1 por ciento.

Luego de conocerse este informe, el Gobierno anunció un cambio en su decreto sobre el incremento del salario mínimo para este año, que pasó del 3,4 por ciento al 4 por ciento, lo que refleja un cambio de los 532.510 pesos considerados inicialmente a 535.600 pesos, que son 20.600 pesos más frente a los 515.000 pesos que constituían el salario mínimo en el 2010. Lo anterior, argumentando que las inclemencias del invierno han impactado la productividad y los ingresos de las compañías de manera profunda, pero también los ingresos de los trabajadores.

De esta forma, se abre una puerta al debate sobre si el incremento del salario mínimo se tomó con base en las “inclemencias del clima” o para evitar una demanda constitucional por no cumplir la sentencia C-815 de 1999, que ordena incrementar el salario mínimo por encima de la inflación –sin aclarar si es el índice promedio general o si cuenta el costo para los más pobres, que es superior al incremento-.

En el mismo artículo de ELTIEMPO, Ricardo Bonilla, experto del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, “cree que desafortunadamente el aumento del 3,4 por ciento no es contrario a la sentencia de la Corte, porque la interpretación que se le ha dado a la norma es que el salario mínimo se debe incrementar según el IPC general, sin desagregarse por rangos de ingreso”. Por su parte, el ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, dice que “la sentencia de la Corte no usa la expresión “promedio” para el ajuste, por lo que se abre el espacio para que se cambie el alza decretada”.

Lo anterior no podría ser más preocupante, si se tiene en cuenta que el alza en los precios de los peajes para este año es del 5 por ciento; en la educación, 4,01 por ciento; en la salud, 4,31 por ciento, y en los arriendos, 3,14 por ciento. Habrá que esperar a que el Gobierno revise la fórmula mediante la cual se determina el precio de la gasolina para establecer nuevos ajustes.

Así las cosas, técnicas o no, las razones por las cuales se decidió incrementar el salario mínimo a 4 por ciento no son tan importantes, como sí el hecho de que estos 532.510 pesos siguen siendo demasiado bajos para retribuir a un trabajador lo que le produce a una economía “emergente” y a un país que busca disminuir los niveles de pobreza en que se encuentra sumergido. Varios analistas, entre ellos Daniel Samper Pizano, han coincidido al tener en cuenta a Brasil como el modelo de crecimiento y desarrollo para los demás países de América Latina.

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Economista, estudiante de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas en Columbia University y la Universidad Externado de Colombia; estudios en gerencia empresarial y comercio internacional con China. Experiencia en investigación de temas económicos. Actualmente hace parte del equipo de redacción de PORTAFOLIO.

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