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Aceptando la invitación de poner la dignidad por encima de todo supuesto, autores como Hinkelammert (2015) y Felber (2010) cuestionan el sentido mercantil en el que la sociedad ha perdido su espíritu, cambiando los significados y sentidos por sus medios, y haciendo de los vínculos, de la relación y del encuentro, un objeto que se valora por su utilidad al mercado, donde la propia consciencia y la ética queda a expensas de un marco normativo que se legitima a sí mismo.
Desde esa perspectiva, si la mera competencia entre sí se convierte en motor de la eficacia de la modernidad, como diría Hinkelammert (2015), estaríamos convirtiendo al otro en nuestro rival y perderíamos la oportunidad de cooperarnos para no solo sobrevivir sino re-existir, en palabras de Achinte (2015). Según Hinkelammert (2015), aceptar este trueque entre lo que denominamos relación vinculante por relación instrumental nos lanzamos por el tobogán del suicidio colectivo.
Ahora bien, ¿qué perspectiva educativa podría inspirar y apoyar el propósito del bien común y permitiría darles cabida a todos por el simple hecho de cohabitar en este globo terráqueo? Felber (2010) asocia el bien común (en nuestras palabras) al derecho que tenemos todos, de vivir dignamente y el deber que nos compromete con ese otro a que lo logre. A su vez, expone argumentos interdisciplinares, interculturales, intercontinentales y epocales de lo que ha implicado, además de la forma como la misma constitución se compromete a ello.
Orientados por la propuesta metodológica de Felber (2010), encontramos en el artículo 333 de la Constitución política de Colombia, su declaración de que la actividad económica está en los límites del bien común. En correspondencia, encontramos que el papel facilitador y promotor de este proceso está en el reconocimiento de que la historia es la fuente del desarrollo de talentos y capacidades locales y territoriales. En efecto, uno de los caminos, sino es el más seguro, es la educación la cual desde el artículo 1 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) reconoce de manera tácita este proceso y en su artículo 4 en relación con la calidad y cubrimiento, se asumen procesos para el desarrollo de la dignidad de la persona y el colectivo de pertenencia; con ello, reafirmamos la relación Estado-Mercado-Sociedad que determina causas individuales y colectivas las cuales benefician vitalmente a quienes integramos el territorio.
Hoy día, podemos tomar distancia de un instrumento con fundamentación econométrica, el cual pretende representar la calidad y además asociar a estímulos de logro, la protección de su meta y las garantías que en su camino así lo orienten; estímulos que no llegan a aquellas instituciones educativas, que no logran el indicador de cumplimiento marcado por el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE. Con lo anterior, se cuestiona el concepto de corresponsabilidad entre la tríada Estado-Mercado-Sociedad y lleva a realizarse las siguientes preguntas: ¿Será posible que no se avanza en calidad educativa porque algunas instituciones no participan en la definición de sus propias metas y, además, no se les acompaña porque se asume la autogestión? y ¿Será que este condicionamiento económico no socava la motivación, sentido que se obtiene espontáneamente cuando las oportunidades se acompañan en el logro de los propios sueños o prospectiva de la sociedad?
Si tomáramos los valores que promueven la Economía del Bien Común (EBC) sobre la cual las constituciones se han fundado para validar su modelo democrático y, habiendo conocido en explícito la Constitución política colombiana, entenderíamos que valores vinculados con las relaciones humanas tales como la honestidad, la cooperación, otros valores constitucionales asociados a la dignidad, la solidaridad y la misma idea de la democracia, son solo posibles cuando se unifiquen, como la misma EBC lo afirma, el cuerpo y el alma; cuando los indicadores no se conviertan en metas y de ahí se juzguen los desempeños. Porque cuando más no se alcanzan, es cuando más hay que acompañar y animar desde el sentir de nuestra propia constitución política y la ley educativa, en este escenario, al menos eso está escrito así.
En una búsqueda por la soberanía nacional, tendríamos que reconocer ante la historia contada desde los protagonistas de la misma, articular saberes como lo plantea Sousa (2012) y reconocer que solo si aporta a la vida digna y a su autonomía glocal, se podrán tener oportunidades y no ser “carne de cañón” para el mercado. Cuando la educación se piense así, dejará de ser un centro de producción de ciudadanos consumidores y pasará a ser uno de los tantos centros de promoción de emprendimientos, desde los talentos locales, con potencialidad de transformación y aportación hacia sí mismos y hacia otros destinos.
Cuando la ética se reconozca como derecho universal, se animará a creer en las diferencias como la principal característica del mismo propósito colectivo, desdibujando las fronteras. Cuando la educación reconozca en la comunicación y dé valor al disenso y a la confrontación respetuosa, propiciará la ciencia como forma de vida y articulará a los saberes de los ancestros como grandes aliados y referentes de validación intercultural, facilitando así las traducciones propias, en palabras de Boaventura De Sousa Santos, citado por Meneses y otros (2019).
Cuando la educación se piense en función de los talentos de su población estudiantil y su colectivo, se descubrirá su capacidad de co-crearse y lo pedagógico no será un escenario de control sino de movilización de la demanda. Y cuando el cuerpo se reconozca como propio, los escenarios educativos podrán volver a ser territorios de paz, no de ausencia del conflicto, porque desde allí se comprendería que a través de la cooperación surgiría una oportunidad de desarrollar la creatividad colectiva y construir el bien común. Desde esta perspectiva, una escuela en sintonía con el bien común haría de la gestión pedagógico-académica una comunidad de búsqueda de promoción de talentos, donde surjan centros senti-pensantes que puedan entender el estudio en aula como recurso para transformar la realidad y no acostumbrarse a relatar las causas que constituyen las opresiones; desde la gestión comunitaria habría en consecuencia, un poco o nula diferencia con la anterior, porque sería desde las complejidades de cada contexto que se tejería lo pedagógico, para que la gestión administrativa reconozca de la mano de la gestión directiva, la necesidad de reconocerse como red y con el compromiso de promover la escuela en un centro de desarrollo de expansión social, a través de la configuración de co-liderazgos simultáneos comprometidos diversamente por el mayor de los bienes comunes: el derecho a soñar y a hacernos acompañantes de camino en sus búsquedas.
Alexander Sellamén Garzón
Director Maestría – Facultad de Economía
Universidad Santo Tomás – Bogotá
Marco Turbay Illueca
Presidente Grupo Diez: Acompañamiento Socio-Educativo
Psicólogo Social Educativo, Especialista y Magister en proyectos de desarrollo social. Doctorando en Estudios Sociales
Referencias
Achinte, A. (2015). Sabor, poder y saber. Causa: Universidad del Cauca.
Constitución Política de Colombia 1991. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Entrevista de Otero a Felber:
Felber, C. (2010). La economía del bien común. Epuilbre.
Hinkelammert, F. (2015). Solidaridad o suicidio colectivo. Ambientico-ediciones. Recuperado en: www.lahaine.org
Ley 115 de Educación. Recuperado de: https://www.redjurista.com/Documents/ley_115_de_1994_congreso_de_la_republica.aspx#/
Meneses, M., Nunes, J., Añón, C., Bonet, A., & Gomes, N. (2019). La traducción intercultural.: Diferir y compartir con passionalità. In Boaventura de Sousa Santos: Construyendo las Epistemologías del Sur Para un pensamiento alternativo de alternativas, Volumen I (pp. 267-302). Argentina: CLACSO. doi: 10.2307/j.ctvt6rmq3.10
Sousa (2012). De las dualidades a las ecologías Boaventura de Sousa Santos. Bolivia: OXFAM.
