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Se supone que los colombianos deberían estar contentos porque el congreso terminó la legislatura con varias leyes de impacto social. Esto en si mismo ya es una buena noticia, un gran logro, solo por el hecho de que estamos acostumbrados, al menos en la historia reciente, a ver una un Congreso más dedicado a defenderse de las acusaciones de corrupción o de la parapolítica que a legislar. Ahora, esto no significa que las leyes aprobadas sean buenas, si acaso tienen buenas intenciones. Hasta donde son necesarias, pertinentes y aplicables esas leyes, será un hecho que juzgue la historia.
El impacto de las leyes puede ser positivo o negativo claro está. A mi juicio hay leyes que no merecen ni mencionarse como de impacto, como la Ley antidiscriminación, la cual es más una ley que probablemente califique como inútil pues castiga comportamientos difícilmente observables. Otra ley como la del estatuto del consumidor, que busca garantizar que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses del fabricante, uno diría que sobra. Pues debería ser suficiente las Superintendencia y Comisiones de regulación existentes. Mientras los consumidores no se agremien realmente, lo que si hacen fabricantes, empresarios e industriales, es difícil que hagan escuchar su voz. Estos son ejemplo de leyes sin impacto.
Más importante son aquellas leyes aprobadas con anterioridad, o que entraran a debate en la próxima legislatura, de gran calado en la opinión pública y que sin duda serán de un alto impacto para el país, en especial en materia fiscal. Además de su costo, estas leyes son trascendentales porque puede reconfigurar el mapa político, exacerbar el conflicto armado y provocar más violencia, como la Ley de Víctimas, en particular el capítulo de Restitución de Tierras. Muchos interrogantes deja ésta ley, pues no se sabe cuánto costará no solo restituir sino también cuánto costará garantizar la seguridad de las víctimas, así como el aparato burocrático para sacarla adelante.
La reforma a la estructura del Estado, llevada a cabo recientemente por el otorgamiento de facultades especiales al ejecutivo por parte del legislativo- también deja la sensación de que el ministro de hacienda deberá hacer maromas fiscales para poder garantizar su financiación en el futuro -pues con más ministerios, más agencias nacionales y unidades administrativas que significan 11 mil cargos públicos adicionales- tampoco se tiene una idea clara de cuánto costará. El presidente Santos dijo que la reforma no se hace para ahorrar dinero, desde luego que no, sino para hacer más eficiente el Estado. No obstante eficiencia del Estado y un menor gasto público están frecuénteme relacionados.
Lo que queda pendiente tampoco es despreciable en materia fiscal: la reforma a la justicia, el marco jurídico para la paz y, sobre todo, la reforma a la educación superior, que como ya vimos costará muchísimo, pues lo estipulado en la versión retirada del congreso no parece satisfacer el idealismo de los estudiantes ni la pantagruélica ambición de los rectores (en especial la de Wasserman).
Los costos no deben ser impedimento para promulgar leyes necesarias, pero si deben estar bien presupuestadas para ver cuántas generaciones quedan endeudadas. Pero las consideraciones fiscales no siempre son tenidas en cuenta; todo presidente sabe que el comportamiento fiscalmente responsable no genera votos, no garantiza reelecciones ni un puesto en la historia
@jhbarrientos
