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Profile image Publicado en: El Irracional Accidental

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En el año 2012 el Congreso de la República expidió la Ley 1607, que contenía la primera gran reforma tributaria del Presidente Santos, no es por supuesto el primer intento de organizar el sistema tributario del país, pues Colombia ha tenido doce reformas tributarias en las últimas dos décadas. Esto muestra indudablemente que el país requiere una reforma tributaria que sea realmente estructural, que en la medida de lo posible no esté sujeta a la coyuntura económica nacional e internacional. Queda la sensación de que la Comisión de expertos (para la equidad y competitividad tributaria) nombrada por el Gobierno en 2015, trabaja en una reforma que responde a tal coyuntura, esto es, a la perspectiva de una gran disminución en el recaudo debido a la caída de los ingresos fiscales –en un contexto de desaceleración económica mundial y el desplome de precios del petróleo– y a los compromisos adquiridos por el gobierno en materia de inversión social futura, como lo es la financiación del posconflicto, además de las habituales responsabilidades en materia de salud, educación, justicia, defensa, etc.

A tres años de expedida la Ley 1607 se hace necesaria otra reforma tributaria, pues el Gobierno no tiene otra opción. No hay que desgastarse discutiendo en su necesidad, es un imperativo. El punto importante es como se llevará a cabo y el “cómo” implica entender las debilidades del sistema tributario colombiano en la actualidad: es inequitativo, es regresivo, muy complejo administrativamente, es insuficiente y todo esto lo hace ineficiente e ineficaz.

Los principios con los cuales trabaja la Comisión son de una visión estructural, integral y de largo plazo; algunas de las recomendaciones se resumen en: simplificar los regímenes, ampliar las bases, revisar las tarifas, racionalizar beneficios, exenciones y tratamientos especiales (esto es trasladar o eliminar cuando sea el caso), eliminar “hasta donde sea posible” impuestos anti-técnicos y modernizar la DIAN. Pero pese a esa visión integral algunas de las recomendaciones generan dudas, o, cuando mínimo, son inconsistentes con la visión.

Por ejemplo, en cuanto a impuestos directos (Renta, CREE, Riqueza) la Comisión plantea reducir la carga impositiva de las empresas pues el sistema es complejo e inequitativo al existir múltiples regímenes, privilegios y evasión; además, buena parte de la carga recae sobre las sociedades (lo que castiga la inversión y claro está el empleo). Lo anterior plantea,  de un lado, eliminar un tributo anti-técnico como el impuesto a la riqueza de las sociedades, pero, por otro lado, sugiere mantener un impuesto indirecto y anti-técnico como el 4×1000.

Frente a tributación de las persona naturales, la Comisión plantea cambios importantes pues el panorama es más inequitativo aún, puesto que sólo dos millones de personas son sujeto de pago de impuesto a la renta, y muchos de los que contribuyen logran eludir una parte del pago, de modo que su contribución no siempre es en función de la capacidad. Lo que hace la distribución del ingreso más inequitativa. Pero además de la complejidad el sistema no es eficiente en su administración debido a los regímenes simultáneos como el ordinario, el IMAS y el IMAN.

La Comisión propone que las personas naturales tributen a partir de ingresos equivalentes a dos salarios promedio (actualmente es a partir de 3 salarios), lo que incluiría entre los tributantes a cerca del 10% de los pensionados. A este respecto, sería ideal que todo el mundo declarara renta y pagara según la capacidad, pero el argumento para no disminuir más el umbral de ingreso sujeto a impuesto a la renta es que para ciertos niveles de ingreso el recaudo es marginal, pero entonces el principio de equidad invocado por la Comisión no es del todo aplicable.

Respecto a los impuestos indirectos como el IVA, el Impuesto al consumo, el gravamen a los movimientos financieros (GMF) y los combustibles, la Comisión propone modificarlos casi todos, por ejemplo propone incrementar el impuesto al consumo en tres puntos porcentuales, frente al IVA propone ampliar la base gravable de bienes, establecer cuatro categorías de bienes y servicios gravados, gravar la mayoría de la canasta básica con el 5% y aumentar la tarifa general al 19%. Así pues esta propuesta no parece equitativa, pues es claramente más regresiva que la actual y no es eficiente porque no unifica tarifas, que es lo otros expertos siempre han sugerido.

Si se trata de simplificar y tener criterios técnicos en la reforma tributaria, entonces lo más racional y equilibrado es ampliar la base de bienes y servicios sujetos del IVA, pero aplicando una tarifa única y más cercana al 16% que al 19%. Respecto a mantener el 4×1000 solo tiene un criterio: el de la facilidad del recaudo, esto es inconsistente con el espíritu de la reforma, pese a todos los argumentos de que este es un tributo anti-técnico, ya que desincentiva la bancarización y estimula el uso de efectivo. Este hecho da lugar a pensar que la Comisión, de alguna manera, se ve en la obligación de trabajar en virtud de una coyuntura que hoy es desfavorable para las finanzas del país (pero no durará para siempre) y no en una reforma tan estructural como quisiéramos.

Los combustibles es otro tema importante en la propuesta de reforma, se plantea un incremento en los impuestos del 30% e igualar la sobretasa del diésel al de la gasolina, con el argumento de la protección medioambiental –aunque  por un mejor ambiente bien podría producirse un diésel de mejor calidad–. Claramente es un incremento justo para quienes usan transporte privado, pero esto afecta a miles de ciudadanos que usan transporte público, y no hay que olvidar que el 70% de la carga que se mueve por el país aún se hace en camiones (que usan diésel).

Un apunte final que está muy relacionado con el esfuerzo fiscal que le espera al país en el año 2017. Estamos de acuerdo: la paz es un deseo nacional y es, naturalmente, un compromiso de todos financiarla, la cuestión definitivamente es cómo hacerlo, una reforma tributaria estructural es muy importante para lograr parte del objetivo, sin embargo, la emisión de deuda debe ser quizá el mecanismo principal, pues de la paz no solo disfrutarán la generación actual sino las futuras. Una transmisión intergeneracional de la responsabilidad de financiación de la paz es la manera más inteligente de enfrentar este enorme compromiso con la historia.

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Economista, consultor, investigador y profesor de economía en la Universidad de Antioquia. Soy también columnista y analista ocasional.

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