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Como es de conocimiento público el procurador Ordoñez envío al Consejo de Estado un concepto sobre la adjudicación del Tercer Canal: la subasta con un solo proponente es legal pues es producto de la prevalencia de la mejor oferta. Puede que desde lo jurídico sea legal pero desde los principios básicos de la teoría de los juegos y los mecanismos de asignación de bienes públicos como las Subastas es un desacierto y una ofensa al sentido común, pues subastas con un solo proponente afectan desde luego los intereses de la Nación, como rezaba la demanda que frenó el proceso de adjudicación del tercer canal el año pasado.
Usar teoría de juegos para elaborar una subasta (un juego que para que tenga sentido debe tener mínimo dos jugadores o proponentes en este caso) tiene más ventajas económicas para el subastador, el Estado colombiano, que cualquier otro modelo de negociación. Para empezar uno de los problemas en adjudicar un bien público es que éste termine en el operador correcto, es decir aquel que maximiza el beneficio social. La cuestión de fondo es como hacer para que el operador termine siendo el adecuado: una manera puede ser preguntarles a los proponentes sobre sus capacidades, pero en el papel todo vale; otra puede ser contratando consultoras expertas que establezcan el operador correcto, pero generalmente éstas son escasas y terminan teniendo conflictos de intereses; una alternativa es usar teoría de subastas (un juego) para resolver estas complejidades.
El punto está en que en una subasta cada proponente debe juzgar cuan valiosa sería la licencia del tercer canal, un precio estimado que queda plasmado en su propuesta económica, de modo que al inicio de la subasta (generalmente con un piso) cuando el precio comienza a subir, los proponentes que se retiran (o quienes hacen ofertas por debajo de la puja más alta) es porque su estimación está excedida por el precio de la licencia. Las subastas con más de un proponente resumen la inteligencia y capacidad de observación colectivos. Nadie está en posición de mentir pues hablar no cuesta nada pero pujar puede llegar a ser oneroso. El mecanismo de subastas obliga a los proponentes a decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad acerca de su estimativo del valor de la licencia. Con un solo proponente nada de esto es posible y con alta probabilidad no se alcanza el beneficio máximo para el Estado.
Con el concepto de marras del alto Ministerio, no vinculante para el Consejo de Estado pero marcando pauta en el debate jurídico, Colombia podría engrosar la lista de países que han hecho el ridículo al diseñar y aplicar mal los conceptos detrás de las subasta, como Nueva Zelanda y EE.UU. que en los noventa subastaron radio espectro, los primero utilizaron una subasta de segundo precio en sobre sellado que dejó a la opinión pública bastante molesta (nunca entendieron porque el ganador pagaba por los derechos bastante menos de lo que originalmente era su propuesta económica) y los segundos literalmente fueron engañados por los proponentes.
Si de maximizar el beneficio para el Estado se trata lo coherente y serio es empezar el proceso nuevamente y descartar lo hecho por la recién eliminada Comisión Nacional de Televisión.
