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Grandes esfuerzos ha venido haciendo el gobierno nacional para incentivar la creación de nuevas empresas e impulsar la economía nacional. Muchos de estos esfuerzos han permitido incentivar a varios empresarios para que continúen confiando sus inversiones en Colombia.
Sin embargo, no todas las iniciativas pueden provenir del sector público y el gobierno nacional no es el único responsable por generar soluciones a las problemáticas que afronta el sector empresarial. Por esta razón es necesario aprovechar los espacios de diálogo entre el sector privado y público sobre problemáticas a fin de resolverlas de manera práctica.
Actualmente, debemos destacar que el gobierno nacional ha adoptado la estrategia de posicionar a Colombia como referente económico a nivel internacional. Las audaces jugadas diplomáticas coordinadas por el Presidente y su Canciller pueden ser complementadas con sencillas ideas, tales como el posicionamiento de la bandera colombiana en el transporte marítimo internacional. No cabe duda de que los buques mercantes constituyen verdaderas oficinas de promoción comercial en el mundo. A tal punto, que hoy, a pesar de haber pasado más de una década desde su cierre, la Flota Mercante Grancolombiana continúa siendo un referente en las conversaciones que se dan en los distintos foros de comercio internacional.
En la actualidad, los armadores colombianos son escasos, y de seguir así, las estadísticas seguirán decreciendo. Por muy pocos que sean, vale la pena hacerles un homenaje a esas empresas admirables que luchan por abanderar sus buques en nuestro país, bautizando sus naves con nombres tan colombianos como “Macondo”, generando empleos directos a las madres cabezas de familia cartageneras con el producto de la pesca de atún, y prestando servicios de remolque interoceánicos “contra viento y marea” de manera segura bajo nuestro pabellón.
Es el momento de darle un impulso a este sector olvidado pero estratégico para el país. Resulta poco plausible hacer atractivo el abanderamiento de buques en Colombia cuando existen tantos trámites innecesarios para lograrlo. Para empezar, debemos señalar que un empresario debe enfrentarse a tres entidades distintas a fin de obtener la aprobación y la autorización de abanderamiento necesarias: (i) la Dirección Nacional de Estupefacientes; (ii) el Min-TIC; y (iii) La Dirección General Marítima (DIMAR).
La primera cumple la función de expedir el certificado de carencia de informes por narcotráfico. ¿Acaso hemos olvidado el artículo 83 de la Constitución que presume la buena fe de los particulares? La segunda es responsable de entregar las licencias de comunicaciones a las empresas que han decidido abanderar sus naves en Colombia. Y DIMAR, por su parte, como máxima autoridad de control en temas marítimos, se encarga de verificar técnicamente el cumplimiento de los estándares de seguridad para la navegación.
Adicionalmente, el empresario colombiano debe tener en cuenta que, solamente hasta el año 2013, entrará en vigor la derogatoria del artículo 188 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
“(…) Cuando se tomen seguros sobre los barcos, aeronaves y vehículos matriculados en el país y los bienes situados en territorio colombiano, éstos deberán contratarse con compañías legalmente establecidas en Colombia o con entidades aseguradoras del exterior previa autorización que, por razones de interés general, imparta la Superintendencia Bancaria (…)”
Lo anterior significa que el empresario que desee abanderar sus naves en Colombia se encuentra obligado a contratar sus seguros marítimos a través de compañías legalmente establecidas en Colombia. Esta norma nefasta busca proteger una industria aseguradora con escasos conocimientos en temas marítimos, a un costo de intermediación o fronting equivalente al 5% de la prima del seguro y adicionar un 16% correspondiente al IVA. Así las cosas, los empresarios que quieran abanderar en Colombia deben pagar un extra costo de 21% para adquirir sus seguros a través de compañías legalmente establecidas en Colombia. Más aun, el empresario puede quedar sometido a que, en el evento de un siniestro, el ajuste sea realizado por una compañía local carente de conocimientos básicos en temas de casco y maquinaria, con el agravante de negar cobertura al amparo de decisiones irracionales.
El empresario puede solicitar a la Superintendencia Financiera una autorización para que le permita contratar sus seguros en el exterior. Para que tal petición ante la Superintendencia Financiera resulte exitosa, sin embargo, el interesado está en la obligación de acreditar la declinación de cobertura por parte de las aseguradoras autorizadas en el ramo de casco y maquinaria
Ante estas talanqueras, lo que proponemos es dar un nuevo impulso a la bandera colombiana en las embarcaciones marítimas. Que la bandera cuente con los mayores estándares de seguridad en el mar, sin que esto signifique la imposición de trámites innecesarios al potencial armador.
A continuación, proponemos algunas ideas para generar una mayor competitividad en el tema del abanderamiento:
1) Que la autorización de abanderamiento la lleve a cabo una sola entidad, la DIMAR, dada su probidad, experiencia, especialidad y eficacia.
2) Que la DIMAR asuma todas las funciones propias del tema marítimo que hoy conocen y tramitan otras entidades.
3) Que la colaboración armónica propia de los sistemas del Estado eficiente sea coordinada a través de la DIMAR, y que sea ésta la que indague con otras entidades los antecedentes por narcotráfico o de cualquier otra índole que permitan la entrega del pabellón a una embarcación.
4) Que se elimine de manera inmediata la restricción de contratación de seguros para embarcaciones en el exterior.
5) Que se diseñe una reglamentación especializada para gente de mar.
6) Generar incentivos tributarios para la matrícula de naves en Colombia.
7) Consolidar la reactivación de la marina mercante colombiana
Sabemos de las buenas intenciones del gobierno nacional que, a través de la Dirección General Marítima, han salido a oír las inquietudes del sector naviero. Desde aquí seguiremos apoyando dichas intenciones para el progreso y modernización del sector marítimo en Colombia.
Hernán Rojas, hrojas@lawrp.com
Abogado de la Universidad de los Andes
Consultor en temas marítimos.
