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Por: Carlos Antonio Espinosa Pérez*

 

El impuesto al patrimonio es el mejor desestímulo a la inversión productiva y una prueba de la carencia de creatividad.

 

Ahora que el dócil Congreso de la República ha indicado que no solo aprobará el impuesto al patrimonio sino que mantendrá la estructura perversa del tributo, es importante llamar la atención sobre el daño que estas torpes medidas de coyuntura ocasionan en el largo plazo al aparato productivo.

 

Grabar la riqueza creada es siempre un mecanismo facilista de los gobiernos, que demuestra por demás la carencia absoluta de creatividad y el desconocimiento (aunque tal vez sea más bien el desinterés) de los efectos que tales medidas ocasionan en la actividad productiva y sobre todo, en las decisiones de inversión de largo plazo.

 

El impuesto al patrimonio es, para decirlo sin ambages, un esperpento jurídico solo comparable al popularmente denominado “cuatro por mil”.

 

Los patrimonios no deben tributar en forma independiente por tres razones: la primera de ellas, porque los ingresos utilizados por el contribuyente para adquirir los bienes que integran su patrimonio ya tributaron en su momento por concepto del impuesto sobre la renta; en segundo lugar, porque los patrimonios están esencialmente integrados por bienes raíces, que ya pagan impuesto predial, punto esencial este pues la H. Corte Constitucional olvidó al momento de pronunciarse sobre el impuesto al patrimonio, que la facultad municipal de gravar la propiedad raíz es exclusiva y excluyente, con lo cual todo impuesto que grave la propiedad raíz distinto al predial y la valorización es de hecho y en forma indiscutible una modalidad de doble tributación.

 

En tercera instancia, porque el patrimonio liquido del contribuyente, sobre el cual se liquida el impuesto al patrimonio, es igualmente la base de renta presuntiva, en función de la cual tributan quienes no alcancen a generar renta liquida en el ejercicio.

 

Pero tal vez más grave sea el efecto en las decisiones de inversión, en un país como el nuestro que mantiene una descomunal economía subterránea. No nos llamemos a engaños, el impuesto al patrimonio solo lo pagarán nuevamente menos de 10.000 contribuyentes, que son aquellos que ya tributan al máximo pues cumplen las normas legales y fiscales.

 

El resto de los agentes económicos entenderá el mensaje de una medida como esta y su decisión, racional por lo demás, será la de mantener sus actividades económicas por fuera de la formalidad, a la vez que evitarán a toda costa develar los verdaderos valores de sus bienes, pues saben que el Estado, una vez conozca los montos reales de sus patrimonios, procederá a imponerles nuevas cargas, sin que en modo alguno sea ello privilegio del Gobierno actual, pues la practica de invitar a los contribuyentes a develar los valores reales de sus patrimonios para luego gravarlos con impuestos sobre dicho patrimonio se remonta más de 15 años atrás.

 

El daño pues se dará en la famosa “confianza inversionista” y seguramente se garantizará que la economía siga siendo esencialmente informal y por ende evasora. Gran logro este en verdad, obtenido so pretexto de la urgencia de seguir arrojando dinero a la olla sin fondo del gasto militar, sin hacer además el menor esfuerzo por encontrar formas de financiación menos dañinas y sobre todo, más equitativas.

 

Y es que andar creyendo que las grandes empresas y las personas adineradas tienen infinita capacidad de tributación, es desconocer sobre todo una regla básica de las decisiones de inversión: Que en el mundo moderno, trasladar un patrimonio de un país a otro es relativamente sencillo y que la evasión es en ultimas una decisión de costo-beneficio ponderada por el riesgo.

 

Si bien es comprensible que un Congreso donde la casi totalidad de sus miembros no entienden siquiera un proyecto de reforma tributaria, apruebe cualquier propuesta gubernamental, lo que si no es razonable es que los técnicos de Hacienda no adviertan al Gobierno el efecto demoledor que en medio de una recesion tiene esta reforma tributaria.

 

Se dirá que los gremios apoyan el impuesto, verdad a medias esta, tal vez más peligrosa que una mentira flagrante, pues quienes dicen apoyarlo son usualmente sectores como la banca, que tienen la capacidad de repercutir en forma muy sencilla el efecto del impuesto hacia sus usuarios.

 

Por último, no se hagan ilusiones quienes firmaron contratos de estabilidad jurídica, pues estos no les protegen del “nuevo” impuesto al patrimonio, el que tendrán que pagar y el que la DIAN tendrá que cobrar sin importar las promesas que en privado el Ministerio de Hacienda ha hecho, so pena que los funcionarios de esa entidad terminen denunciados penalmente.

 

* CARLOS ANTONIO ESPNIOSA PEREZ

Ex Director de Impuestos y Aduanas Nacionales

carlose1@cable.net.co

 

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