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Por: Carlos Antonio Espinosa Pérez*
Al Estado Colombiano (y conviene precisar desde un  inicio que la política fiscal tiene que ser asunto del Estado Colombiano y no de la veleidad del Gobierno de turno) le ocurrirá de aquí en adelante lo mismo que al pastorcito mentiroso: nadie le creerá cualquier cosa que diga y habrá razón para ello.
Años atrás nos dijo el Estado que iniciaría el desmonte de la renta presuntiva (expreso reconocimiento de la incompetencia estatal para fiscalizar) y que además dejaría de castigar la forma más relevante de ahorro colectivo, que es la tenencia de activos y bienes, momento en el cual se desmontó el impuesto al patrimonio, con el objetivo de permitir en el largo plazo, que los bienes empezaran a llegar al valor real.
Pero luego de ello, con denominaciones que varían (bonos de suscripción forzada de lo más variopinto o abiertamente como impuesto al patrimonio), la realidad es que año tras año el impuesto al patrimonio se ha mantenido vigente, siempre además con el argumento de la coyuntura, la temporalidad del nuevo gravamen, la imposibilidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento, la lucha contra la guerrilla y la seguridad democrática, eventos naturales, en fin, nada agregamos reiterando lo que todos los contribuyentes llevan más de 15 años escuchando.
En la crisis invernal que el país está afrontando, creo que todos entendemos lo que el presidente Santos y el Gobierno actual (allí sí el Gobierno) pretenden hacer,  demostrando que en últimas gobernar es gerenciar.  El Gobierno aprovechará la catástrofe actual para construir la infraestructura que el país no tiene y para solucionar problemas estructurales de las comunidades que siempre están siendo afectadas por fenómenos climáticos.
El propósito es incuestionable como decisión gerencial y política y la mayoría de los empresarios apoyamos tal decisión pues las carencias que tienen nuestros conciudadanos y las que sufrimos todos en infraestructura son en últimas situaciones que lesionan la competitividad del país.
Lo malo fue que el Gobierno optó por la fácil, para decirlo coloquialmente  y en lugar de hacer un pequeño esfuerzo de creatividad, prefirió imponer a quienes ya tenían una carga pesada, una adicional con carácter cuasi confiscatorio para ciertas actividades empresariales cuyo patrimonio difícilmente renta más del 3 o el 4 por ciento anualmente.
Y es que un impuesto equivalente al 1.5% anual sobre el patrimonio líquido, por cuatro años, no deducible y no compensable con saldos a favor, es, para la mayoría de las empresas, una carga desproporcionada que lleva la tarifa efectiva de renta a niveles del 60% (hay tarifas menores pero nos referimos exclusivamente aquí a los empresarios cuyos patrimonios líquidos superan los 5.000 millones, los que para sorpresa del lector, no pasan de 10.000).
Póngase a pensar el lector que ocurriría en un país como los Estados Unidos de Norte América si ante cada difícil situación coyuntural se optare por mutar las reglas tributarias o crear nuevos impuestos.
Allí, nos acaban de dar una interesante lección de concertación política en torno al tema de la fiscalidad, haciendo real y actuante el principio según el cual no hay imposición sin representación, profiriendo una ley tributaria producto del forcejeo político real, en el que se impone y concilia simultáneamente, defendiendo posturas ideológicas (aunque ello es poco probable entre nosotros dado que solo una exigua minoría de Congresistas entiende siquiera el tema fiscal).
Seguramente dirán los funcionarios del Gobierno que ese gravamen es casi neutro y seguramente en el modelo econométrico así parecerá, pues claramente el monto de los patrimonios gravados no se disminuirá por efectos de esta nueva mentira del pastorcito.
El daño es de otro tipo y es de largo plazo, pues afecta de manera seria y directa la credibilidad en el Estado y la confianza (expectativa legítima tal vez más técnico en estricto sentido jurídico) que tenían cientos de contribuyentes en que su patrimonio no sería gravado a tan altos niveles por invertir en Colombia.
Los contribuyentes formales tenemos la sensación de ser los bobos de la cuadra (si la expresión no le dice nada al lector, pregúntele a algún vecino mayor de 40 años) y destruir ese paradigma será responsabilidad del Estado, para demostrar que la carga de la sociedad la llevaremos en forma más equilibrada, vinculando a la contribución a quienes históricamente jamás han contribuido al fondo común (como por demás lo manda la Constitución), debe ser un propósito, una política de Estado.
Porque en adelante, ningún empresario aceptará incrementar su patrimonio. De hecho, seguramente muchos contribuyentes no permitirán el crecimiento de sus patrimonios y diseñarán las estructuras que hagan posible mantener niveles reducidos de patrimonio líquido.
La sociedad como un todo verá reducido su ritmo de formación de capital o sea de ahorro y de allí solo deriva la perpetuación del ciclo de la pobreza, pues guste o no a ciertos sectores, la tozuda realidad es que los países solo rompen ese ciclo  cuando más y más de sus miembros acumulan riqueza, que se convierte en capital productivo, generando empleo, pagando más impuestos a un nivel racional y equitativo, no confiscatorio y por esa vía mejorando el nivel general de ingreso de la sociedad.
El bobo de la cuadra ya no le cree pues al pastorcito mentiroso y eso, consecuencias tendrá………
* Ex Director de Impuestos y Aduanas Nacionales. correo: carlose1@cable.net.co

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