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Por: Carlos Antonio Espinosa Pérez *
El Estado Colombiano es un Estado matón, hay que decirlo sin ambages y con toda claridad. Para el Estado Colombiano y sus funcionarios, empezando por el mismo Presidente de la República, los empresarios estamos siempre bajo sospecha y expuestos a la lapidación pública, todo ello en aras de un difuso concepto de justicia social y porque no decirlo, para conseguir votos y favorabilidad en la opinión pública, pues desde tiempos inmemoriales al vulgo place ver linchar a quienes percibe como más afortunados, labor en la que infortunadamente muchos periodistas contribuyen con verdadero placer.
Hay detrás de eso también la siempre bien orquestada campaña del ala no democrática de la izquierda, que tiene absolutamente claro que para lograr sus objetivos, un paso necesario es desprestigiar, destruir y frustrar las actividades empresariales que generan riqueza, pues solo en el árido campo de la pobreza fructifican sus delirios totalitarios.
Y que tiene esto que ver con nuestro usual tema que son los impuestos? Simple, el matoneo trascendió de tiempo atrás el nivel nacional (donde toda la labor fiscalizadora de la DIAN sigue centrada en los empresarios formales, en lugar de buscar ampliar la base, único camino a la modernidad) y ahora, prevalidos de la impunidad con la cual el Estado en el nivel central se agrede al empresariado, los Municipios y Departamentos han iniciado sus propias campañas de hostigamiento y extorsión.
Los ejemplos son múltiples y van desde la creación de una infinita cantidad de estampillas (que en últimas no son más que un segundo ICA), o el cobro del impuesto de alumbrado público a tarifas absolutamente confiscatorias, hasta maravillas como la de Ibagué, que ha impuesto este año tarifas del ICA que llegan al 1.5 por ciento del ingreso bruto, o como quien dice, una sobretasa al impuesto de renta del 9% (asumiendo que la utilidad después del impuesto sobre la renta fuera del 15% sobre los ingresos, cosa que en realidad poco ocurre en una actividad empresarial)
Los funcionarios del gobierno nacional (especialmente en este gobierno donde hasta hace pocos meses el requisito para ser Ministro o Director era la membresía en algún exclusivo club bogotano) parecen no saber que ocurre en el resto del país y por eso allí, en las regiones, los empresarios literalmente hemos de preguntarnos quién podrá defendernos.
Las finanzas municipales y departamentales son un gigantesco agujero negro donde todo desaparece (alcaldes viajando a Europa con comitivas para conocer modelos de gestión? Por dios…..) Esas entidades están siempre en crisis financiera e inventan permanentemente mecanismos para imponer tributos sin base legal, tal como ocurre con el ICA, donde a pesar de la claridad jurisprudencial que existe, la mayoría de los municipios pretenden exigir el pago doble y triple de ese tributo sobre ingresos no percibidos en las jurisdicciones municipales.
Nadie ha querido solucionar ese problema organizando la normatividad sobre tributos territoriales y el tema en la campaña política ni se menciona, porque claro, las víctimas del matoneo fiscal no merecen ninguna atención, son finalmente los despreciables y codiciosos empresarios…….que valga la pena recordar, son los que pagan la factura o en otras palabras, la fuente de fondos, que por despreciada que sea es la única que existe.
La tasa efectiva de tributación que hoy en día soportan las empresas en Colombia, cuando se incorporan las contribuciones locales, sobretasas, GMF, estampillas, contribuciones a superintendencias, tasas, etc, etc, supera con creces el 55% (obviamente, hay que reconocerlo, algunos sectores tienen unos beneficios desproporcionados, que deben ser simplemente eliminados).
El argumento siempre es la cacareada justicia social y la necesidad de financiar más ayudas, subsidios, beneficios, etc. Todo eso está muy bien y seguramente la mayoría de los empresarios coinciden en que el futuro exige mejorar las condiciones de vida de la población desprotegida, pero la realidad es que ese argumento, para los servidores públicos no es más que el pretexto para incrementar las exacciones hasta un punto donde no solo la evasión se hace rentable sino que de pronto conviene pensar en dejar de invertir en el país para dirigirse a lugares donde la actividad empresarial sea bienvenida o donde al menos se reconozca que un país mejora cuando los empresarios y negociantes invierten y crean riqueza, porque duela a quien duela, los empleados públicos no agregan valor y los pobres solo pueden dejar de serlo si alguien crea riqueza.
La visión del Estado, según la cual debe cobrar más y más impuestos (siempre a los mismos) hasta poder pagar todo aquello que quiere gastar, es como la posición de la irresponsable rica empobrecida, que pensaba que mientras tuviera cheques en su talonario podría seguir girando, sin importar el saldo.
