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El filósofo Damián Pachón Soto, autor de varios libros sobre filosofía política, nos hizo llegar esta importante reflexión a raíz del reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción de parejas del mismo sexo. 

 

 

LA ADOPCIÓN IGUALITARIA VISTA POR UN FILÓSOFO

Por: Damián Pachón Soto.

damianpachon@hotmail.com

 

“La Corte Constitucional y la Universidad no deberían convertirse en promotoras de la discriminación”.

 

Frente al fallo salomónico de la Corte Constitucional  en torno a la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan adoptar libremente, quisiera referirme a dos cosas. La primera, a un asunto meramente Constitucional; la segunda, al papel que en la sociedad juegan las instituciones, específicamente, la Universidad.

 

Uno de los principales problemas para aprobar la adopción igualitaria tiene que ver con el marco constitucional. Las referencias a Dios en los fundamentos de la Constitución, así como la concepción de familia que la misma prescribe, se convierten en un obstáculo de peso que impide transgredir los marcos constitucionales. De hecho, la alusión a Dios y la concepción de familia terminan atentando directamente contra otros principios constitucionales como el estado secular, laico, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto por las culturas, la diversidad y las diferencias, principios básicos de la estructura social que busca defender la constitución misma cuando habla del Estado Social de Derecho, y el desarrollo pluridimensional e integral de las personas y la búsqueda de su bienestar en condiciones de dignidad.

 

Por eso la Iglesia y las congregaciones religiosas, así como ciertos partidos políticos, que están protegidos por la constitución misma y tienen igual derecho de existir, se sienten delegados por el mismísimo Dios que profesan para imponerles a los demás su particular concepción de familia y, de paso, de religión. Actúan como los emisarios de la Inquisición y de la política de Torquemada de lanzar a la hoguera o a la espada y al escarnio social a quienes no pensamos como ellos. Por lo dicho, uno de los primeros pasos para reconocer los derechos de la población gay y, de paso, para no hacerse “los de la vista gorda” frente a la innegable realidad de la existencia de familias múltiples en Colombia, es un acto legislativo que reforme la Constitución en su preámbulo y artículo 42 y así destruir el pilar de todos aquellos que quieren desconocer la realidad y, además, imponer sus creencias a una sociedad cada vez más diversa y plural.    

 

Ahora, lo que hizo la Corte con el fallo fue inconstitucional. Y lo digo por las siguientes razones: no sólo no hizo una interpretación sistemática de la Constitución como aconsejan los juristas, que le hubiera permitido proteger la dignidad, la diversidad, la tolerancia, el libre desarrollo de la personalidad, sino que, ante todo, viola el principio constitucional de la buena fe. Pero, ¿por qué se lesiona el principio de la buena fe? Sencillamente porque se presume la mala fe, es decir, el fallo da a entender que si una pareja gay adopta un niño quiere causarle daño, quiere abusar de él, quiere pervertirlo. Argumento implícito con el que no se aleja de los sectores y las semi-universidades más retrógrados del país.

 

A los miembros de la Corte (no a todos, desde luego) no se les ocurre que si una pareja homosexual quiere adoptar un niño es porque lo desea, le quiere brindar una mejor vida,  unas mejores condiciones  de existencia, a diferencia de muchos niños indeseados que viven con parejas heterosexuales y que, en muchos casos, son sometidos a explotación laboral, sexual, maltrato, hambre, etc. Estoy seguro que si una pareja gay quiere adoptar no es para hacer mal a los niños. Por eso la Corte, implícitamente, presume la mala fe, a la vez que se acerca a las posiciones de la Iglesia, La Universidad de la Sabana, partidos políticos y sectores sociales, que aún en el siglo XXI, considera en contra de la ciencia y de la importancia de los contextos culturales, que el homosexual es una enfermo, un desviado, o que padece algún tipo de desequilibrio afectivo, moral y racional.

         

Es claro para mí como abogado, pero ante todo como filósofo de la política, que la corte debió votar positivamente la adopción. Al no hacerlo, la Corte está violando la Constitución misma, no sólo por lo ya dicho, sino porque promueve abiertamente la discriminación de una parte de la sociedad, precisamente por motivos de sus creencias, ideas y formas de vida. No está demás recordar que la discriminación es un delito en Colombia, un delito que el alto tribunal promueve al estigmatizar con su fallo a un sector de la población. Asimismo, la Corte debió fallar positivamente porque al no hacerlo está promoviendo la violación de los derechos fundamentales en Colombia. Si la corte es la guardiana de la constitución, ¿cómo puede desconocer, y al desconocer avalar, el que algunos niños no puedan vivir dignamente y de que se discrimine a la población homosexual?

 

Para muchos analistas el asunto de fondo es el llamado “principio democrático”. Este principio se refiere a la legitimidad y al fundamento popular de la composición del congreso y de la Corte. En efecto, el congreso es elegido por el pueblo, por una mayoría, mientras la Corte no, por lo tanto carece de esa base legítima, pues su elección no es producto de la soberanía popular. Esa presunta falta de legitimidad lleva a la pregunta ¿cómo nueve personas van a legislar para el resto del país? Y es aquí cuando el asunto se complica. El problema y la tensión es que la Corte debe velar porque no se viole la Constitución y los derechos de los colombianos, entonces, ¿debe permitir que se desconozcan sólo porque un Congreso paquidérmico no ha querido legislar sobre el tema? Así las cosas cabe cuestionarnos por las razones que tuvo el congreso para no hacerlo.

 

La respuesta es sencilla: porque temen perder votos de algunos sectores sociales en futuras elecciones. Con excepción de quienes defienden abiertamente esas posturas discriminatorias, otro sector del Congreso se preocupa más por no perder su botín electoral y por esa razón decide convenientemente no untarse en un tema tan escabroso, pero socialmente urgente. Aquí como siempre, están velando más por sus propios intereses que por los de las minorías protegidas constitucional y legalmente.         

 

Pasemos al segundo punto, esto es, al papel de la Universidad. Es claro que su labor es pensar la realidad lo más objetivamente posible, sin utilizar amañadamente los descubrimientos científicos y los dictámenes de los expertos para discriminar a la población. La universidad en sus orígenes está asociada con la universalidad y esa universalidad es la totalidad de los fenómenos sociales, naturales y cósmicos. Esto quiere decir que la universidad debe pensar la complejidad y la diversidad del mundo en que vivimos, debe preparar a las personas para que tengan una visión amplia de la cantidad de problemas y retos que afronta la sociedad contemporánea. Por eso es incomprensible que una Universidad como La Sabana, su Rector y precisamente un profesor de Derecho Constitucional, no sólo contradigan olímpicamente los dictámenes científicos, sino que se valgan de ellos para vulnerar Derechos Humanos.

 

Deberíamos preguntarnos- respetando desde luego la libertad de cátedra y la autonomía universitaria- ¿es posible que instituciones así eduquen en la intolerancia, la ignorancia y el sectarismo religioso a los jóvenes colombianos? ¿No debería la ministra Parodi cerrar esas semi-universidades? Creo que sí. No debemos olvidar el suicidio de Sergio Urrego precisamente porque fue sometido a discriminación por una institución educativa. Si no queremos volver al mismo círculo dantesco, debemos controlar las instituciones privadas que prestan un servicio público como la educación.   

 

Sólo cabría agregar que son bienvenidas las propuestas de partidos progresistas encaminadas a revivir el tema en el Congreso. Y ya que Dios no puede adoptar, decirles también a quienes se oponen justificando sus razones en creencias religiosas y en “lo natural”, que deberían preocuparse y comprometerse más con el bienestar de nuestra maltratada infancia si es que realmente quieren construir una mejor sociedad. 

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Periodista especializado en temas de negocios en medios como El Tiempo, Portafolio y Dinero. Premio Nacional de Periodismo Económico ANIF. Asesor de prensa y conferencista. Miembro de la Asociación de Periodistas Económicos (APE).

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