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Para este blog de Negocios y Movidas la contralora general Sandra Morelli es el personaje del año en Colombia. Y de lejos.  Siendo la primera mujer en asumir este cargo, ha tenido que ponerle el pecho a los más grandes escándalos de corrupción en la historia reciente de la gestión pública del país en todos los frentes: salud, infraestructura, contratación, pensiones, medio ambiente, vigencias futuras, regalías, etc., etc., etc…

 

Por eso Gustavo Álvarez Gardeazábal la bautizó como ‘la Generala’. Y tiene razón. Ella sí que ha sabido ponerse ‘los pantalones’ en un cargo donde sus antecesores, todos hombres, han brillado por su falta de carácter a la hora de defender los recursos de la Nación. A ella, en cambio, no le ha temblado la mano para denunciar los actos más corruptos de la administración de Álvaro Uribe Vélez y para señalar a los funcionarios más ineptos de la administración de Juan Manuel Santos.

 

Tampoco le dio miedo denunciar el carrusel de las pensiones del Concejo Superior de la Judicatura ni enfrentarse a ese circo denominado Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Me parece increíble que en un país donde impera la corrupción, donde pedimos a gritos que se haga justicia, donde todos quieren quedarse con los recurso públicos, donde contratistas y gobernantes se unen para delinquir… el personaje del año para algunos medios resulte ser un futbolista y no una mujer valiente que saca la cara por los funcionarios decentes de este país y a la que han querido tumbar en varias oportunidades.

 

Por acciones de su gestión este año, por ejemplo, se han recuperado $21.254 millones del sector salud (recursos para la población más pobre del país) que estaban en manos de los corruptos. En este sentido, hay  bienes embargados por otros $684.000 millones en procesos de responsabilidad fiscal.  El total de detrimento estimado a los recursos públicos del sector salud, en 676 procesos que adelanta la Contraloría, es de $6 billones 978.000 millones.

 

Para Morelli es evidente que “la doctrina del control fiscal en el país se había venido llenando de procedimientos, de requisitos e interpretaciones que alejaron el control fiscal de la realidad y de su verdadera misión. Y en este reordenamiento  ha sido clave la formación y el conocimiento jurídico que tenemos”.

 

Una de las situaciones que más “aterra” a la Contralora, es que en materia de contratación pública y transferencia de recursos existe una tendencia en  interpretación jurídica para darle en la cabeza al Estado y para favorecer siempre al contratista.

 

“Uno no entiende por qué, si el Código Civil expresa claramente que un contrato es nulo si no hay claridad en cuanto a las partes o en cuanto al precio del contrato o en cuanto el objeto del mismo.  Y en la contratación pública nunca se sabe quién es el ejecutor porque cambia vía sustituciones y subcontrataciones. Para saber cuánto va a costar una obra hay que llamar a Regina 11 y lo mismo pasa con el objeto, pues en casi todos los contratos terminan cambiando los diseños…  Y eso me aterra”, sostiene.

 

Son muchas las investigaciones de la Contraloría que están produciendo resultados.  Un caso emblemático es el referente al proceso de responsabilidad fiscal que se ha adelantado en contra de varios magistrados y magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura lo cual se conoce como el carrusel de pensiones, como consecuencia del nombramiento por parte de algunos magistrados titulares de personas con status de pensión reconocido o a portas de cumplir con los requisitos legales para obtenerla. De esta manera se propició la reliquidación de su monto pensional en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones. Por eso se decretaron medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles, así como de dineros depositados en cuentas bancarias, pertenecientes a los presuntos responsables fiscales vinculados a la actuación.

 

En el sector Salud, entre tanto, hay actuaciones contundentes que ya están consolidadas y otras que están en la etapa final del proceso de responsabilidad fiscal, como por ejemplo:

Imputación de cargos a Saludcoop por la desviación de $1,7 billones del sistema de salud colombiano, habiéndolos destinado entre otros fines para adelantar gestiones y negocios de finca raíz, inversiones en el extranjero, pagos de créditos y leasings, sobrecostos de medicamentos, etc.

 

Investigación preliminar a Caprecom por el detrimento patrimonial por $1,1 billones entre otros aspectos por desviación de recursos, contratación indebida con cooperativas de trabajo asociado, ejecución de objetos contractuales distintos, capitación por fuera de los niveles legalmente permitidos, desviación de recursos mediamente la modalidad de anticipos, etc.

 

Así mismo, la actuación del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) al régimen subsidiado en el 2011 permitió identificar que en 74 municipios del país, en la vigencia 2010,  de $1,5 billones dispuestos para financiar el régimen subsidiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), $1,019 billones se desviaron para fines distintos.

 

En estos momentos en las diferentes gerencias territoriales de la Contraloría General de la República se adelantan los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes para identificar y enjuiciar fiscalmente a los responsables y procurar la restitución de esos recursos al sistema de salud nuevamente para que cumplan su objetivo inicial definido en la normatividad.

 

A esto se suman 7 procesos de responsabilidad fiscal derivados de la auditoria regular al FOSYGA, por$144.000 millones, por diversas razones, entre otras, sobrecostos en medicamentos recobrados y pago por tutelas falsas.

 

Así mismo se han producido el reintegro de recursos en casos como el de la Aseguradora Liberty en una actuación de la Contraloría General de la República en defensa de los recursos públicos de CAJANAL EPS.

Finalmente, atendiendo una solicitud del Congreso, la Contraloría determinó analizar el tema de la reversión en los contratos de concesión de servicio de telefonía móvil  y consideró que es necesario revisar la constitucionalidad de la ley mediante la cual se estableció que los operadores solo están obligados a devolver el espectro electromagnético.

 

Y no habría espacio en esta columna para nombrar todo lo que ha hecho la contralora Morelli y su equipo de trabajo para defender los recursos de la Nación. Pero lamentablemente para algunos medios son más importantes los goles de Falcao que los goles que le ha metido la Contraloría a la corrupción. Hasta dónde hemos llegado…

 

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Periodista especializado en temas de negocios en medios como El Tiempo, Portafolio y Dinero. Premio Nacional de Periodismo Económico ANIF. Asesor de prensa y conferencista. Miembro de la Asociación de Periodistas Económicos (APE).

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