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Por: Héctor José García. Presidente Ejecutivo de Certicámara S.A.

Director del Centro de Estudios en Derecho y Tecnología de la Universidad Javeriana.

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Aunque los colombianos estamos acostumbrados a presentar nuestro documento de identidad para realizar prácticamente cualquier transacción y a colocar nuestra huella junto a los documentos que suscribimos, esta es una práctica que sorprende a los extranjeros que nos visitan. Algunos provienen de países donde no existe un solo documento oficial de identidad o donde colocar una huella sería visto como una infracción a la privacidad solo admisible en el caso de investigaciones criminales (por ejemplo, Estados Unidos).

Tampoco es seguro que el simple cotejo del rostro de la foto o la imagen de la firma que aparece en la cédula con el de la persona presente o su firma manuscrita sean realmente efectivos. Así lo comprueban los numerosos casos de suplantación que llegan a los estrados judiciales y que rara vez terminan en condenas frente a la imposibilidad de identificar al autor del delito. Esta práctica tan común en Colombia se ha convertido en un trámite formal más, parte de la inercia operativa de las organizaciones, con muy poco o ningún valor añadido en términos de seguridad jurídica.

Según el Centro Cibernético de la DIJÍN actualmente hay 25.000 procesos en la Fiscalía relacionados con delitos informáticos y miles de colombianos han sufrido una desagradable experiencia al enterarse tardíamente de ser víctimas o hasta supuestos autores de delitos cometidos a través de plataformas informáticas que no estaban debidamente protegidas porque no exigían firmas digitales o electrónicas para autenticar el acceso a un servicio, o carecían de certificados de servidores seguros para proteger los datos y encriptar la información, o de estampados cronológicos para asegurar la trazabilidad hacia los verdaderos autores del ilícito.

Afortunadamente la tecnología de la información y las comunicaciones ha llegado para cambiar este tipo de prácticas, proteger a los ciudadanos honestos y facilitar sus relaciones con entidades del Estado y proveedores privados de bienes y servicios. Es posible que en pocos años las almohadillas o los papelitos para eliminar el exceso de tinta se vuelvan cosa del pasado y todas las organizaciones que realizan transacciones masivas con los ciudadanos se beneficien de estas tecnologías para eliminar sus pérdidas por fraude mientras que sus usuarios dejan de padecer las largas filas que caracterizan los procesos de verificación de identidad realizados manualmente.

Para mitigar lo expuesto, ya se cuenta en el país con soluciones a la mano: mecanismos tecnológicos que permiten verificar la identidad de una persona a través de algún rasgo físico o de comportamiento (biometría), digitalización de documentos en papel con garantías de seguridad y virtualización de trámites y procesos, entre otros

Gracias a la existencia de un solo documento oficial de identidad, en Colombia no es necesario ni enrolamiento previo ni administración de una base de datos propia pues es posible acceder a la de la Registraduría Nacional del Estado Civil RNEC, que cuenta con la información biográfica y biométrica de todos los habitantes del país, puesto que ofrece plena validez jurídica y probatoria el sistema de autenticación biométrica en línea por huella es considerado uno de los más confiables y seguros del mercado, y ya está siendo utilizado por sectores notarial, cameral, aeronáutico, financiero (bancos públicos y privados), telecomunicaciones, policial y salud. Según la RNEC a 2017 se han efectuado más de 24 millones de cotejos de huellas contra su base de datos, esto representa un caso de éxito en la región que está siendo observado por distintos países como Brasil, México, Panamá, Perú, Guatemala, entre otros. Frente a  la implementación de esta tecnología, Certicámara S.A., es el principal operador biométrico y líder del país apoyando la mitigación de fraudes como la suplantación de  identidad.

En el  campo de la biometría existen numerosas alternativas que pueden acomodarse a las necesidades y preferencias de otros usuarios. Por ejemplo, la firma biométrica es una firma manuscrita capturada y verificada por medios electrónicos para autenticar la identidad de su autor o remitente, de modo que se compruebe su autoría del documento o su consentimiento respecto de la información contenida en otro documento mediante técnicas avanzadas de cotejo. Podría ser ideal para verificar la identidad de funcionarios que toman numerosas decisiones de rutina como liquidaciones laborales.

Otro mecanismo muy seguro es la verificación de identidad a través de una validación biométrica de la voz. Una persona puede ser reconocida por medio de los rasgos biométricos de su voz unidos a mecanismos seguros de autenticación. Esta tecnología es ideal, por ejemplo, para realizar transacciones no presenciales a través del uso del teléfono con bancos o proveedores masivos de bienes y servicios, sin necesidad de contraseñas o preguntas reto. Permite analizar las características únicas de la voz de un cliente y realizar comparaciones con los registros de una base de datos debidamente configurada. En apenas unos segundos se realiza la verificación, independientemente del idioma, el acento, el contenido o la calidad de la llamada. Es uno de los mecanismos más amigables para el usuario pues le proporciona una experiencia nueva, libre de presiones, ideal para mejorar el servicio al cliente.

Una tecnología también muy avanzada es la de validación de identidad a través de reconocimiento facial que tampoco requiere contacto físico directo, ni siquiera una posición exacta frente al dispositivo de identificación y puede realizarse en fracciones de segundo. Ambas pueden ser ideales para permitir el acceso a lugares de trabajo con requisitos de alta seguridad o donde se requiere el mayor silencio posible como ciertas zonas de los hospitales.

En general, todas estas tecnologías preservan la integridad y la confidencialidad de información financiera o comercial contra intentos de suplantación o alteración, de modo que mitigan o eliminan los riesgos de fraude. La seriedad de las transacciones queda protegida contra intentos posteriores para desconocer obligaciones de contratos legalmente celebrados, y aseguran la protección de datos personales conforme a la ley. También reducen los tiempos de procesamiento, pues simplifican y agilizan trámites, y hasta eliminan pasos innecesarios, y reducen los costos no solo de papel y la tinta, sino además de almacenamiento, impresión y correo/mensajería, con lo que al mismo tiempo disminuyen la “huella del carbono” de la empresa y protegen el medio ambiente.

Una ventaja adicional, para propósitos de seguridad jurídica, es que estas tecnologías conservan evidencia digital de todo el proceso de verificación, de principio a fin, de modo que pueda reconstruirse a través de investigaciones o análisis posteriores hasta identificar al autor de un fraude. Numerosos escándalos o litigios derivados de posibles suplantaciones o fraudes podrían haberse prevenido con el uso de estas tecnologías, de relativo bajo costo frente a sus enormes beneficios.

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