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Por: Jaime Andrés Castro, Grupo de estudios en desarrollo y políticas públicas
Hoy es común ver estados que han sido declarados democráticos y aún así conviven con la corrupción y la desigualdad social y política, profundizada aún más por la delicada crisis económica que atraviesan; ante una panorámica tan preocupante, muchos autores plantean propuestas de solución innovadoras, pues ya se ha evidenciado que las políticas actuales no surten los efectos esperados en las áreas del desarrollo.
Una de las estrategias en las que podría encontrarse la solución, fue elaborada por Peter Evans su texto Instituciones y Desarrollo en la Era de la Globalización Neoliberal, allí el reconocido sociólogo propone un cambio institucional basado en la deliberación pública, con el que se permita la renovación de ideas y la aceptación y conocimiento de las realidades específicas de cada región.
Evans ha establecido que para lograr la equidad, como objetivo del desarrollo, es necesario generar una autosostenibilidad social, un crecimiento eficiente y una economía política propias de la localidad analizada. Estas ideas surgen como contraste del monocultivo institucional que promueven los países desarrollados a través de sus relaciones políticas y económicas con las naciones del sur global, pues esta ideología sólo ha estimulado la implementación de estructuras institucionales foráneas, como afirma Evans, sin considerar las instituciones informales, el conocimiento y los estadios del desarrollo existentes en la región.
De esta manera, el profesor de la Universidad de California ha expuesto que la utilización de políticas de presupuesto participativo y espacios en los que se permita a la ciudadanía ser parte de una democracia deliberativa estimulará el proceso de desarrollo en los estados subdesarrollados. Evans ha citado a Porto Alegre en Brasil y Kerala en la India como dos ejemplos clave dentro de su propuesta, pues estas dos ciudades han logrado disminuir los niveles de corrupción y clientelismo que enfrentaban, a la vez que han favorecido la descentralización y el crecimiento económico.
Como aplicación al plano local, varios municipios del país han implementado recientemente el instrumento del presupuesto participativo, con lo que se busca propiciar en los habitantes la intervención dentro de los procesos decisorios sobre la destinación de recursos para las políticas públicas. Estos procesos representan para la ciudadanía un espacio de control sobre la forma de actuar de la administración municipal y una herramienta esencial para el desarrollo de propuestas democráticas que caracterizan a un Estado Social de Derecho como el promulgado en Colombia. Con la creación de estas nuevas instituciones deliberativas el desarrollo de la comunidad puede depender más de sus propios habitantes y no tanto de una burocracia que desconoce las necesidades reales de los ciudadanos, sin embargo, la tarea apenas comienza y el primer gran obstáculo es superar la inercia clientelista que ha predominado en las formas participativas del país.
