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Toda sociedad es vulnerable a la ilegalidad, sin embargo, existen fenómenos que favorecen la sumisión de la colectividad a merced de las fuerzas al margen de la ley. Por desgracia, Colombia ha sido testigo del narcotráfico como actividad económica que ha irrumpido en todas las esferas de la sociedad por medio de sus cobardes métodos para perdurar, a saber, el soborno y el homicidio. La proliferación de esta narco–estrategia ha dado lugar a dos fenómenos que erosionan las iniciativas favorables al orden institucional, los cuales debido a su complejidad y magnitud son difíciles de enfrentar, son ellos la corrupción y la violencia. 

Por tanto, se constituye un entorno social contrario a las condiciones requeridas para un desarrollo fundado en la acumulación de capital social, entorno en donde la aceptación y el prestigio no responden a méritos sino a resultados, en donde no prevalece la cooperación sino la competencia y en donde la confianza en el otro amenaza con desaparecer. Ha hecho escuela la sentencia popular según la cual la madre le indica a su hijo que abandona el hogar en búsqueda de mejor futuro: “consiga plata honestamente. Pero si no puede, consiga plata”.

Como si fuera poco, el aparato judicial presenta serias fallas para hacer respetar la ley, toda vez que, como si no bastase con la corrupción existente, se suma la ineficiencia que se refleja en la rampante impunidad que caracteriza nuestro sistema. Ese panorama permite diagnosticar que “lo que hace en el fondo tanto el crimen impune como la facilidad legal para desconocer contratos, es minar a fondo no sólo los derechos de propiedad sino el derecho a la vida y a la integridad física”[1].

Sin embargo no se puede hacer frente a la situación cruzados de brazos, por el contrario, se precisa de un esfuerzo colectivo encaminado a revertir la lógica de la ilegalidad y comenzar a dar vida a la institucionalidad consignada en la letra muerta de nuestra profusa legislación. 

Es necesario orientar esfuerzos de manera decidida en búsqueda del orden consensual fundamentado en la cooperación, la transparencia y la paz. En este sentido, es difícil pensar en un cambio radical de las instituciones actuales, sin embargo, pequeñas modificaciones pueden abrir el camino de transformaciones importantes que se traduzcan en mayor prosperidad para la sociedad en su conjunto.


[1] KALMANOVITZ, Salomón (2001). “Las instituciones colombianas en el siglo XX”. Colección Libros de Cambio. Fedesarrollo – Alfaomega. Bogotá. Enero

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Profesor Asociado del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, Universidad EAFIT.

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