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Por: CP Iván Rodríguez. Colaborador de Auditool
Las personas que trabajan en el sector público tienen una buena probabilidad de tener un conflicto de intereses en algún momento de su vida laboral, independientemente de cuál sea su función. Cabe recordar que un conflicto de intereses es cualquier situación en la que los deberes o responsabilidades de una persona, como empleado o titular de un cargo en una organización, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, que pueda tener fuera del trabajo, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.
Un conflicto de intereses puede clasificarse así:
- real – donde el conflicto ya existe
- potencial – donde el conflicto podría ocurrir
- percibido: donde otras personas podrían pensar razonablemente que existe un conflicto.
Ahora bien, que una persona tenga un conflicto de intereses no significa que haya hecho algo indebido. Hay que preguntarse no solo si el interés o la relación significa que la actuación de la persona está sesgada, sino también si alguien que mira desde afuera podría tener motivos razonables. para pensar que podría ser así. El conflicto no tiene por qué ser un problema si se maneja bien. La gestión de los riesgos asociados a los conflictos de intereses es una parte esencial de la toma de decisiones del sector público.
Las reglas para gestionar los conflictos de intereses en el sector público son generalmente más estrictas que en el sector privado. Para quien trabaja en una organización pública, los terceros deben tener confianza en que cualquier decisión que se tome:
- Sea imparcial
- Se tome por las razones correctas
- No esté influenciada por intereses personales o motivos ocultos.
Un tema en el que se suelen presentar los conflictos de interés es el de las adquisiciones. Toda vez que las compras implican destinación de recursos públicos, así como la participación de los sectores público, privado y voluntario, los procesos deben ser rigurosos para garantizar total transparencia en el tema y evitar las preocupaciones originadas en que las decisiones de compra puedan tener participación simultanea de estos diferentes sectores. Algunos conflictos de interés que pueden presentarse en el proceso de adquisiciones y que el auditor debe conocer, son los siguientes:
- Relaciones laborales: Una persona puede haber trabajado previamente para (o con) un licitador
- Intereses financieros: Un individuo puede tener un interés financiero en una empresa que ha licitado un contrato
- Relaciones comerciales: Una persona puede haber recibido un regalo u hospitalidad de un proveedor potencial
- Relaciones familiares o personales: Un individuo también puede tener un conflicto de intereses a través de un familiar o amigo.
Independientemente de cómo surja el conflicto, existe el riesgo de que una persona con un conflicto pueda (consciente o inconscientemente) transmitir información o hacer comentarios sobre una adquisición. a proveedores potenciales que crean una ventaja injusta o influyen indebidamente en un proceso de toma de decisiones. A veces, e igual de importante, ocurre cuando los conflictos de intereses pueden crear una percepción de falta de equidad o imparcialidad. Eso, a su vez, puede poner en tela de juicio la integridad de una decisión de adquisición, lo que puede afectar negativamente la confianza del mercado y socavar la confianza en la integridad del sector público. Esto ocurre, pues si parece que alguien involucrado en un proceso de adquisición ha sido influenciado por favoritismo o motivos personales inapropiados, la organización también puede estar expuesta a problemas legales, comerciales o tener riesgo de reputación. Incluso si estas cosas no suceden, la gestión de las percepciones es tan importante como la gestión de los conflictos de intereses reales.
Por ello, es conveniente tener en cuenta principios como los siguientes, que deben ser verificados por los auditores:
- Debe haber una debida planificación y administración del tema de compras.
- La entidad debe ser justa con todos los proveedores
- La selección del proveedor debe corresponder a aquel que sea el más adecuado y que presente la oferta más conveniente.
- El proceso de selección debe estar debidamente reglamentado y las normas deben seguirse de manera estricta.
Esencialmente, todos estos principios vuelven a un punto primordial importante: las adquisiciones deben ser justas y éticas. Las decisiones de contratación en el sector público son esencialmente decisiones sobre el gasto de dinero público. Como tales, deben ser, y ser vistos así, justas, imparciales y con una buena relación calidad-precio. Los conflictos de intereses en un proceso de adquisición que no se identifican o gestionan bien pueden socavar significativamente la equidad y la imparcialidad.
Cualquier decisión sobre conflictos de intereses debe tener en cuenta los valores fundamentales del servicio público (que también son aplicables al sector privado): integridad, imparcialidad, confiabilidad, respeto y capacidad de respuesta.
Ahora bien, es importante para un auditor conocer cómo una persona que labora en una entidad del sector público debería gestionar sus conflictos, para evaluar el tema o para aplicarlos según sea el caso. Para el efecto, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
- Hay que asegúrese de conocer qué reglas se aplican a la persona, ya sea en su contrato de trabajo, contrato de servicios, términos de nombramiento o cualquier política interna de la entidad para la cual trabaja.
- Debe verificarse si una persona que pueda tener algún conflicto de interés, que lo haya declarado. Esto además evidencia la calidad de persona que está sujeta al conflicto. También ayudará a la entidad para que no se vea expuesta a una situación de conflicto.
- Debe evaluarse si se han seguido las reglas u orientaciones proporcionadas por la entidad, respecto de la administración de un conflicto en caso de presentarse.
- Los posibles conflictos de interés de los que se tenga conocimiento deben estar debidamente documentados por escrito.
- Hay casos que requieren algún tipo de asesoramiento. Es necesario indagar si se ha actuado al respecto. Es importante consultar con el gerente, miembros de junta o con la instancia pertinente.
- Hay que considerar los temas éticos y las normas legales. El hecho de que una situación o decisión no sea ilegal no significa necesariamente que sea apropiada.
- En caso de duda frente a alguna situación de conflicto de interés, es aconsejable que la persona se mantenga al margen.
Si bien las anteriores actuaciones no son exhaustivas, si orientan al auditor al evaluar el tema de conflicto de intereses y sobre esa base, poder ofrecer recomendaciones pertinentes para mitigar su impacto.
CP Iván Rodríguez
Auditor y Consultor, Diplomado en Alta Gerencia de Seguros y Derecho de Seguros. Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizacional, Diplomado en Gerencia de la Calidad, Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, con 20 años de experiencia en diversas empresas. Amplia experiencia en la elaboración y ejecución de auditorías y revisorías fiscales. Dirección y ejecución de asesorías, consultorías y capacitaciones. Colaborador de Auditool
Bogotá DC, Colombia
