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En la era del COVID-19, el confinamiento y la reflexión han fortalecido la retórica del “bien común” permeando las prácticas realizadas y derivadas de los totalitarismos. Lo anterior, explicado por la marginación de los derechos humanos establecidos y por la imposición de definiciones no aceptadas del término. Inclusive, la búsqueda por alcanzar su implementación en nuestra sociedad se ha relacionado durante el tiempo de diferentes maneras, por ejemplo: (i) En la tradición clásica o aristotélico-tomista el bien común se relaciona con el bien de las personas, como parte de una comunidad, y el bien, a las personas que forman parte de la misma; (ii) Tomás de Aquino, aporta aspectos adicionales, como que el bien común nace en el gobierno. Por ello, el fin de la comunidad no debe diferir del bien humano; (iii) En la modernidad, aparecen posiciones entre el liberalismo: el individualista y el colectivo.
Desde esas perspectivas, puede hablarse, como alude Boaventura de Sousa Santos, de una renovación del Estado donde se acentúan los espacios de tiempo de una cuestionada deliberación democrática y la reinvención del mismo como movimiento social para el bien común; movimiento que responde a la antítesis del contrato social que preside el orden político y social de occidente, el cual aumentó el principio de exclusión bajo una racionalidad socioeconómica y política de lo colectivo que produjo nuevos espacios de naturaleza social incompatibles que, para el caso colombiano, se enmarañan entre la primacía de las actividades económicas formales e informales, necesarias para sostener la economía de mercado, y la justificación del bien común para amalgamar la estructura de la salud pública.
Con ello, el debate social, económico y político del bien común frente a la economía y la salud pública configura un contrato social nuboso que convierte al precepto en un gravamen jurídico para establecer el orden social, pero ¿Cuál es ese orden social? ¿Qué ideología de economía política contiene? Estos interrogantes pueden confundirse o malinterpretarse en la medida que, en Colombia, así como en Latinoamérica, los procesos políticos de análisis e implementación de políticas públicas presentan escenarios ambiguos y antagónicos que contienen diferentes o nuevos movimientos sociales donde convergen intereses particulares de todos los actores sociales, políticos y económicos; lo que no permite comprender una ideología en relación con el concepto de desarrollo ubicuo que se aventaja a los componentes del poder gubernamental. Se añade a esto, una práctica discursiva que desentiende la perspectiva del bien común y se aproxima a un argumento difuso que desconoce la realidad actual.
El escenario próximo para observar el bien común será el acceso a la vacuna; allí se probará si el principio de igualdad global, en relación con la salud pública, se antepone al sistema de precios que la economía de mercado puede definir a partir de una regulación conveniente para quienes la provean.
Alexander Sellamén Garzón*
Juan Camilo Arévalo Parra**
*Director Maestria en Ciencias Económicas – Facultad de Economía – Bogotá – Universidad Santo Tomás
** PhD en Estudios Políticos – Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Referencias
Santos, B. (2005). Reinventar la democracia, reinventar el Estado. Buenos Aires: CLACSO.
