Ingrese o regístrese acá para seguir este blog.
Algunos colegas economistas han argumentado que el problema del sistema de salud no es falta de recursos, que el sistema es sostenible financieramente; insisten en que el problema está en la operatividad, en la manera como fluyen los recursos y sobre todo el perverso sistema de recobros al Fosyga. Me temo que la cosa podría ser peor, porque el escándalo del desfalco a la salud que por estos días llena paginas en los periódicos e indigna con razón a la opinión pública, hace referencia solo al régimen contributivo. No quiero imaginar cuando se levante el tapete para ver lo que hay en el régimen subsidiado.
Pero el escándalo le da algo de razón a los académicos, quizá el sistema de salud si es sostenible fiscalmente, hay que actualizar el POS claro está y en consecuencia hacer un cálculo realista de la UPC, debe tener un organismo regulador (no una docena) y hacerle una reingeniería al sistema de recobros porque, según las primeras investigaciones sobre el desfalco del sistema, es ahí donde está el hoyo negro y casi todo se resume en que es responsabilidad de un grupo (quizá no todos los mencionados) de funcionarios del Ministerio de Protección Social, con un apetito pantagruélico por dinero, quienes en contubernio con algunos funcionarios de algunas EPSs lograron empujar el sistema a una nueva y profunda crisis, a un punto de no retorno, tanto así que serían co-responsables de la promulgación de los decretos de emergencia social de diciembre de 2009. Lo cierto del caso es que no pueden meterse todas las eps’s en el mismo costal.
No es la ley 100 la culpable de todos los males del sistema de salud, tampoco como dice el senador Robledo: ¨La Ley 100 mata más colombianos que todas las formas de violencia juntas¨. Frase tan irresponsable como equivocada – en la marcha de mayo 24 la gente repetia es frase-. Digamos que el problema son los vacios legales, evidenciados en la operación del sistema y aprovechados por los corruptos, quienes sin vergüenza han ido del vacío legal al delito, asaltando a los colombianos. Pero una cosa son vacios legales y otra el robo a ultranza.
La Ley 100 necesita de una férrea defensa académica pues muchas cosas han cambiado para bien con la reforma, claro que el sistema necesita un ajuste para una operación más ágil y transparente, pero no se puede volver atrás (sencillamente porque había nada); es verdad que no puede aspirarse a un sistema de salud como el de Europa occidental donde todo es responsabilidad del Estado, pues a diferencia de ellos Colombia es un país emergente, un nuevo aspirante a país con ingresos medios muy mal distribuidos y que está lejos de los más desarrollados, pero tampoco se puede ir al extremo del modelo norteamericano donde la competencia perfecta entre aseguradores y evitar la selección adversa es el principio para el cobro de de las primas para los seguros médicos y donde la afiliación es voluntaria (al menos hasta el advenimiento de Obama).
La estructura del sistema de salud colombiano inducido por la reforma de 1993 tiene que mantenerse, un sistema garantista basado en la semi-competencia con el objetivo de mayor eficiencia en la administración y la atención, y más equidad en el acceso de la población pobre, y donde siga vigente el objetivo fundamental de separar el aseguramiento de la prestación del servicio de salud; un sistema mixto donde el Estado asume buena parte de la financiación, pero no toda pues soy un convencido que el mecanismo de precios para tratar de descongestionar el sistema de atención funciona bastante bien.
