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Los problemas pensionales no son exclusivos del Colombia, sin embargo existen circunstancias que hacen que el sistema pensional esté en crisis y que sea necesaria una reforma urgente. En el país coexisten dos regímenes pensionales, el privado, o de ahorro individual, y el público, o de régimen de prima media con prestación definida; en ambos casos la finalidad es la misma: proveer “seguro“ contra determinados riesgos; en éste caso el seguro tiene como objetivo reemplazar parte de los ingresos perdidos como secuencia de la jubilación y, en ciertos casos, la invalidez.
Las causas de la crisis están identificadas, y se origina en gran medida en el régimen de prima media, administrado en la actualidad por Colpensiones. Como está basado en un sistema de reparto la capacidad financiera depende de la razón entre el número de cotizantes y el de jubilados. En Colombia han ocurrido cambios dramáticos en los últimos años: la esperanza de vida aumentó, pero la tasa de desempleo e informalidad se han incrementado, haciendo que muchos jóvenes en edad de trabajar no coticen. En adición existen regímenes especiales que garantizan altas pensiones a funcionarios estatales.
Para aliviar un poco las finanzas hemos visto en los últimos años que las pensiones aumentan anualmente, aunque por debajo del aumento de los salarios de los trabajadores. Ahora, la viabilidad del régimen depende, además del número de cotizantes y jubilados, de la cuantía de las pensiones y las cotizaciones. De modos que el sistema sería relativamente sostenible si el crecimiento de la economía se tradujera en más formalización y en más empleos. Pero sucede lo opuesto y cada generación aporta más y al final recibe menos; con lo que para mantener el equilibrio el Estado completa las pensiones con sus ingresos corrientes (el hueco pensional es del orden del 4% del PIB).
Como respuesta a la larga crisis empieza entonces a gestarse una reforma pensional, de la cual no se ha mencionado medidas concretas, pero que sin duda deberán apuntar a lo siguiente: desacelerar aún más el incremento anual de las pensiones, incrementar el porcentaje y semanas de cotización, al menos para los nuevos trabajadores, gravar las pensiones más altas (de los magistrados por ejemplo), acabar con los regímenes especiales e incentivar la transición a los fondos privados -en detrimento del régimen de prima media-. Un tema que sin duda se tocará, advertencia del Viceministro de trabajo, es la edad de jubilación, tema controversial porque es cargarle el costo del ajuste a la generación actual de trabajadores.
Frente al régimen de ahorro individual, administrado por los fondos de pensiones, es claro que enfrenta problemas endógenos, como los altos costos de administración, pero sobre todo exógenos, como la incapacidad de asegurarse contra los riesgos sociales -como la inflación- y el riesgo moral. Aún así la tarea del Estado debe limitarse a vigilar y garantizar la solidez financiera de los fondos, pero no acabar con ellos como proponen los radicales de la izquierda democrática.
Finalmente, un sistema de pensiones “justo“ debe basarse en un principio básico e inviolable: la pensión de las personas debe guardar cierto equilibrio con su contribución.
@jhbarrientos
