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Largo, dispendioso y controvertido ha sido el tema de la primacía del derecho al trabajo o el derecho que tenemos todos los ciudadanos de gozar del espacio público. A la luz de Nuestra Constitución Política, estos dos derechos gozan de una prot
ección especial al ser considerados Derechos Fundamentales, no obstante, cabe preguntarse:
¿Frente a esta problemática, cuál de estos principios constitucionales debería prevalecer?
El derecho al trabajo debe gozar de protección especial, pues de ello derivamos nuestro sustento y el de nuestras familias, igualmente debemos ser conscientes de los aspectos sociales que han desencadenado el desarrollo de estas actividades informales, que su gran mayoría surgen de los altos índices de desempleo, limitación para el acceso a la educación, el desplazamiento forzoso de familias rurales a las periferias, e incluso, por causa de la reciente ola de inmigrantes por el conflicto político de nuestro vecino país.
En contraposición de lo anterior, encontramos el derecho que todos los ciudadanos tenemos de gozar de andenes, plazas, parques y espacios públicos libres, limpios y seguros, de los cuales se sustentan los mecanismos adoptados por las autoridades para garantizar su restablecimiento y control, pues en gran parte ésta es la destinación de los altos impuestos que pagamos.
La lógica que debemos aplicar para resolver este conflicto evidentemente nos indica que no se puede contraponer un derecho con el otro, y por tanto, es deber de las autoridades propender por la protección de todos los derechos de los asociados; aspecto que en teoría es bastante loable, pero que sin embargo, para nuestra problemática es bastante difícil de lograr ya que el intentar proteger uno, genera la desprotección del otro.
Hemos observado como salida práctica, que se han optado en algunos casos la reubicación laboral de estos trabajadores, sin embargo, esta medida no ha sido la más eficaz para lograr el pregonado equilibrio, pues para algunos trabajadores las condiciones de reubicación ofrecidas no son las más adecuadas bien sea por su interés comercial, o porque les obliga a asumir gastos de los cuales estaban excluidos en la vía pública, y por otra parte, significa para las autoridades unos costos muy altos en la consecución y adecuación de locaciones aptas para esta clase de actividades. Con lo anterior la pregunta sería entonces:
¿Cuál es la fórmula secreta para definir esta solución?
Al parecer la fórmula secreta no existe, o al menos en la actualidad no ha sido encontrada, es por lo que mientras la hallamos, debemos implementar planes diversos como el fortalecimiento de planes de emprendimiento, flexibilización de créditos para poblaciones con alta vulnerabilidad, mayor acceso a la educación.
¿Cuál considera usted que sería la fórmula para esta problemática?
