Por:
Carolina Jiménez M (1)
En el último mes ha venido emergiendo con fuerza un debate a nivel nacional y regional sobre los problemas del nuevo Sistema General de Regalías SGR creado a través del acto legislativo 05 de 2011 (reformó los artículos 360 y 361) y reglamentado por la ley 1530 de Mayo de 2012. Las discusiones que se han dado son de tres órdenes: 1. Asociado con el tecnicismo, las complejidades jurídicas y económicas del proceso de asignación, así como con su carácter centralista; 2. Referido a la reducción de los ingresos de los entes territoriales productores de recursos minero-energéticos; y 3. Su uso como instrumento de política económica tanto en una perspectiva cambiaria como fiscal que ha llevado al congelamiento de los recursos que se deben girar a las regiones.
Las discusiones en torno a los dos planteamientos iniciales han venido desde los gobiernos municipales y departamentales para quienes el nuevo SGR es muy complejo. Por una parte, los requerimientos técnicos para la presentación de los proyectos resultan muy difíciles de cumplir en municipios con muy poco personal calificado para la elaboración de este tipo de propuestas; y por la otra, porque el procedimiento de inscripción y aprobación hacen muy engorroso el proceso. Frente al tercer argumento se ha planteado que el gobierno nacional a través del recién creado Fondo de ahorro y estabilización dirigido por el Banco de la República, ha venido usando la plata de las regalías para comprar dólares que le permitan mantener controlada la tasa de cambio.
Esta situación ha sido problematizada por Amylkar Acosta quien en dos artículos publicados en razón pública (2) ha señalado que el retraso en el giro de recursos de las regalías a las regiones obedece a una política fiscal contraccionista del gobierno de Santos, y al uso que se le ha dado a dichos recursos por parte del Ministerio de Hacienda para la compra de 500 millones de dólares para la reserva monetaria del país.
Como se puede apreciar son variados los argumentos que han surgido para explicar el retraso en las asignaciones de las regalías a los entes territoriales para la vigencia del 2012, que según datos suministrados por Mauricio Santa María director del Departamento Nacional de Planeación ascienden al orden de 6 billones de pesos según la distribución establecida por el nuevo SGR (3).
Más allá del debate suscitado en torno a si es falta de competitividad de los organismos territoriales para formular los proyectos, tal como lo ha sostenido el gobierno. O a los tecnicismos y burocratismos del sistema tal como lo han manifestado alcaldes y gobernadores. Incluso a si esta situación obedece a un manejo monetario por parte del Ministerio de Hacienda que hasta hace pocos días lideraba Juan Carlos Echeverry, lo cierto es que el tema sigue bastante enredado y aún no hay luz verde para la transferencia de dichos recursos.
Lo que más llama la atención de todo este debate es que la discusión se ha centrado en que producto de este retraso hoy está en cuestión la financiación de los sistemas de educación y salud de los departamentos. Sin embargo, un análisis a profundidad de los proyectos priorizados por los ODCA para esta primera ronda lo que pone en evidencia es que más que un horizonte social de financiación, el sistema ha dado prioridad a proyectos económicos que favorecen la “competitividad regional”. Esto es, el horizonte de la financiación es netamente productivista y economicista relegando a un segundo nivel el sentido social que le había indilgado la constitución política del 91 en sus inicios al tema de las regalías.
En efecto, el grueso de los proyectos priorizados para las seis regiones homogéneas (4) definidas en el Plan Nacional de Desarrollo se concentraron en los siguientes temas:
| Ejes temáticos | Tipos de proyectos |
| Modernización agrícola | Tecnificación ganadera y pesquera, reforestación, desarrollo de la industria maderera y producción forestal sostenible. |
| Agroindustria | Parques agroindustriales, caficultura competente, distritos de riego, fortalecimiento de la productividad y competitividad de la cadena cacao. |
| Desarrollo ambiental productivo | Conectividades eco sistémicas, conservación y ordenamiento ambiental, clúster de bienes y servicios ambientales |
| Desarrollo infraestructural | Planes viales, recuperación de navegabilidad, puertos, corredores férreos, plataformas logísticas, centrales eléctricas, interconexión eléctrica, Sistema Integrado de plataforma logística para el Comercio, Promoción de zonas francas |
| Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fortalecimiento institucional y organizacional para ejecutar funciones de planeación en los municipios, Fortalecimiento del aparato de justicia de la región del pacífico. |
| Ecoturismo | Desarrollo y mejoramiento de parques orientados al mejoramiento de la oferta turística, el desarrollo del sector empresarial y turismo |
| Militarización territorial | Ampliación, fortalecimiento, permanencia y sostenibilidad de la fuerza pública en la región pacífico; Plan integral de seguridad para la región centro oriente |
| Ordenamiento territorial | Planificación y ordenación de cuencas hidrográficas, planes de agua, ordenación de complejos cenagosos. |
Fuente: Construcción propia basado la priorización de proyectos por regiones disponible en la página web del sistema general de regalías http://sgr.dnp.gov.co/Proyectos/PriorizacióndeProyectos.aspx
Como se puede apreciar el grueso de los proyectos le apuntan a un fortalecimiento productivo de los territorios. Lo que se observa es que a través de estos proyectos se busca ayudar a soportar el reorganización territorial que se ha desarrollado en el país en los últimos años en consonancia con la definición de una estrategia económica soportada en el desarrollo minero extractivo, infraestructural, energético y agroindustrial. De ahí que el tema militar, infraestrctural y de ordenamiento territorial ocupen un lugar privilegiado en el nuevo escenario de financiación.
Tenemos entonces que la orientación productivista que han privilegiado los ODCA en los proyectos priorizados, asume el territorio desde su utilidad como recurso, negando el sentido social, comunitario y de vida que las comunidades han construido sobre sus territorios. De ahí, que sea posible afirmar que algunos de los proyectos alimenten la disputa de territorialidades que hay hoy en algunas regiones del país, frente a la ordenación, el uso y el sentido de los territorios. Disputa que expresa el antagonismo entre una territorialidad social popular que asume el territorio como espacio de vida, y una territorialidad productivista economicista que lo asume en tanto su uso como recurso económico y generador de riqueza.
Esta situación se puede identificar frente a los proyectos infraestructurales como la ruta del sol, los corredores férreos en la Guajira, los planes de militarización en el Pacífico y en el Centro-Oriente, los desarrollo madereros en los Montes de María, los monocultivos en el Pacífico, la caficultura competente que persigue el programa del paisaje cultural cafetero, los proyectos ecoturísitcos en las ciénagas –lugar de pueblos palafitos-, entre otros, que son fundamentales a la hora de entender los conflictos territoriales que hoy se viven en estos territorios.
Así que el debate en el país debe necesariamente ir más allá de que se logren superar los “tecnicismos” del proceso y de que se levante rápidamente el “trancón de las regalías”. Aquí lo realmente preocupante y lo que está en juego es el uso social de las regalías producidas bajo un modelo de desarrollo económico soportado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales, y que está siendo el directamente responsable de los fuerte impactos ambientales y del despojo territorial de las comunidades ricas en estos recursos. En efecto, tal y como lo hemos venido sosteniendo más que mitigar y contribuir al desarrollo social de las comunidades, las regalías ahora pretenden contribuir al reforzamiento de las lógicas de exclusión del modelo.
Notas:
(1) Docente e investigadora de la Universidad El Bosque, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Corporación Planeta Paz.
(2) Regalías: el gobierno central compra dólares con dinero de las regiones publicado el 9 de Septiembre y El trancón de las regalías del 26 de Agosto ambos publicados en razón pública.
(3) Recordemos que según el acto legislativo la distribución de las regalías quedó establecida de la siguiente manera: 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; 10% para el fondo de pensiones FONPET; el 30% Fondo de Ahorro y estabilización FAE; y el 50% restante para compensaciones directas (20% del 100%) y los fondos de compensación regional y de desarrollo regional (80% del 100%).
(4) Estas zonas se definieron según criterios de homogeneidad en términos demográficos, de ingreso, pobreza y desigualdad, y capital humano. Según estos criterios se definirán incentivos en materia de localización de actividades productivas y de asignación de inversiones y recursos, favoreciendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el aumento de la competitividad y el crecimiento económico. Se definieron las siguientes zonas: 1. ZONA CENTRAL (Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindio, Risaralda, Santander, Tolima y Valle). 2. ZONA CARIBE E INSULAR (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Sucre y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). 3. ZONA NORORIENTAL (Norte de Santander, Vichada, Arauca, Casanare, Meta y Boyacá). 4. ZONA SUR (Caquetá, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo). 5. ZONA AMAZORINOQUÍA (Caquetá, Meta, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés). 6. ZONA PACÍFICO E INSULAR (Chocó, Nariño, cauca, Antioquia y Valle del Cauca).