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Por Carlos Antonio Espinosa Pérez*

 

Colombia es un país donde nada sorprende, simple y llanamente por que siempre sabemos cómo terminan las películas. Nuestra realidad es mas predecible que un cursi guión cinematográfico. Dentro de esa tradición, la película de la reforma tributaria terminó con su aprobación y una vez más, con una ley que no soluciona la complejidad del sistema tributario sino que la incrementa. Una reforma plagada de disposiciones que favorecen a grupos específicos y que crean distorsiones adicionales en el manejo de la política tributaria.

En realidad, la reforma tiene dos cuerpos autónomos: de un lado, el bloque impulsado por la autoridad tributaria para controlar maniobras elusivas y evasivas, respecto del cual, y a pesar de lo compleja que tales normas harán la vida de asesores como quien esto suscribe, hay que reconocer que se trata de disposiciones redactadas con cuidado, por personas que saben del tema y que claramente permitirán forzar a que ciertas transacciones de gran tamaño tengan que tributar en el país (ciertas facultades discrecionales otorgadas a la autoridad tributaria generan gran preocupación pero a ello habremos de referirnos en otra ocasión). Obviamente, por su complejidad técnica y la monumental ignorancia de la casi totalidad de los Congresistas, a estas normas literalmente no se les movió una coma desde el inicio del tramite, creo yo que fundamentalmente porque los padres de la patria ni las entienden.

El segundo componente de la reforma es la usual colcha de retazos, normas con nombres propios y textos legales amorfos, malamente redactados, que en este reducido espacio solo podemos comentar a grandes rasgos.

El Pastorcito Mentiroso afirma que esas disposiciones crearán empleo y mejorarán la equidad. Una y otra premisas son falsas  y el Ministro, hombre excepcionalmente cualificado, lo sabe. Ningún empresario decide crear o no un puesto de trabajo para un empleado que gana menos de 10 salarios mínimos legales por cuenta de los aportes de nómina.  Las razones para no crear empleo son otras, de mayor calado y esas sí estructurales, como son la desconfianza en la permanencia y sostenibilidad del crecimiento y la rigidez de las leyes laborales que hace imposible adaptar las nóminas a las cambiantes condiciones del mercado.

Así pues, ningún empleo habrá de crear la reforma y tal vez lo que más sorprende (bueno, en realidad no sorprende) es la entrega total del Presidente de la ANDI al Gobierno en este y otros temas de la reforma.

Es igualmente falso que la reforma mejore el tema de la equidad. Lo que sí se logró fue subir, y brutalmente, los impuestos a la clase media y media alta (ya lo sentirán todos ustedes respetados lectores dentro de poco en sus comprobantes de pago), pero en cambio no se tocó al gran capital.

Decidió el Ministro complacer al gran capital y desaprovechó el Gobierno Nacional una oportunidad histórica para gravar los dividendos y entonces sí empezar a mejorar la equidad social, con lo cual además habría de terminar de deslegitimar a las FARC y demás grupúsculos pseudo revolucionarios.

Los dividendos están gravados en todo el mundo, con tarifas diferenciales y con otras condiciones, pero claramente sujetos a impuestos. En Colombia por el contrario, una vez se alcanza cierto nivel de riqueza, los grandes capitales quedan exentos de todo impuesto y contribución, afirmación por demás bastante simple de demostrar. Es una falacia sostener que gravar los dividendos desestimulará la inversión, ello no es cierto y bastaría con examinar infinidad de estudios existentes en la materia.

En esta ocasión, tal vez más que en otras anteriores, quedó claro el enorme poder que el sector financiero ejerce sobre el equipo económico del gobierno nacional. Varias disposiciones de las que incluyó la reforma prácticamente tienen nombre propio y favorecen de manera descarada las operaciones de ese sector.

Finalmente, si bien creemos que el impuesto al consumo es mejor instrumento de recaudo que el impuesto al valor agregado, su adopción como modalidad de impuesto al lujo no parece la más afortunada. Adicional a ello, ciertas normas, como aquella que mantiene a los concesionarios y franquiciados de restaurantes y cadenas internacionales bajo el régimen general del IVA y no en el sistema del impuesto al consumo, presentan una clara violación al principio constitucional de igualdad y en nuestra opinión no pasarán el examen de la Corte Constitucional, habida cuenta que claramente y sin razón alguna, favorecen abiertamente a esas cadenas y operaciones.

* Abogado suma cum laude. Profesor Universitario. Consultor. Arbitro. Ex Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales. (carlose1@cable.net.co)
 

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