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Por Carlos Antonio Espinosa Pérez*[i]
Asentada la polvareda levantada por la expedición de la Ley 1607 y finalmente reconocido que dicha Ley logro dos objetivos simultáneamente: De un lado, hacer todavía mas complejo el sistema tributario (todo el que ha intentado efectuar la retención en la fuente por cuenta del CREE o simular su cierre fiscal sabe de que hablo) y de otra parte, incrementar en términos reales la tasa efectiva de tributacion (que cortesía del CREE no quedó en el 34% siquiera sino entre un 38% y un 40% según la actividad del contribuyente), va siendo hora, si de verdad vamos a lograr algún acuerdo de paz con las guerrillas y pretendemos cambiar este pais, de hablar del verdadero costo de los impuestos para los empresarios legales, del monto de la evasion y de la inaplazable necesidad de que mas personas contribuyan (curiosamente lo contrario de lo pretendido por la cacareada reforma de marras) a sufragar los crecientes gastos de un Estado que no para de crecer cortesía de gobernantes y funcionarios judiciales que reparten subsidios, bonos y regalos en interminable festividad, sin consideración a la capacidad real del Estado, hipotecando el futuro de las generaciones venideras, en actitud típica de quienes no generan riqueza pero en cambio si saben destruirla.
Un empresario cumplidor de sus deberes fiscales soporta hoy en dia un costo efectivo de tributacion que supera con creces el 50%. El Gobierno Nacional pretende comparar nuestra tributacion efectiva a partir exclusivamente del impuesto sobre la renta, pero olvida en sus cuentas los tributos, contribuciones y exacciones de todo tipo que aparecen cada día bajo los mas diversos pretextos.
El costo del Estado, la verdadera punción fiscal tiene que incluir, entre muchas otras que seguramente se me escapan las siguientes: a) El impuesto de industria y comercio; b) el impuesto predial; c) Las valorizaciones (ahora las tenemos locales y nacionales); d) Las estampillas (que se han convertido en un segundo ICA); e) El impuesto de alumbrado publico (verdadero asalto a mano armada); f) Los cobros adicionales a la tarifa en los servicios públicos para financiar subsidios; g) El impuesto de vehículos (un absurdo donde los automotores suben de precio y no se excluye el IVA pagado en su compra para determinar el valor base); h) Las contribuciones a las Superintendencias; i) Las tarifas “remuneratorias” de permisos y licencias[ii] , el impuesto al patrimonio (que ya el Ministro de Hacienda y otro acólito del Presidente anunciaron, tal como era previsible, que se convertirá en impuesto permanente) y así podria seguir con muchos otros más, que desde el punto de vista del empresario son parte del costo de operar en este paraíso terrenal, donde por incomprensible razon se cree que la capacidad de contribución de las empresas es ilimitada o que a los ricos se les puede seguir literalmente “dando duro” sin que simplemente decidan irse.
Nos vienen ahora no solo con una nueva versión del impuesto al patrimonio, sino ademas con la propuesta de un impuesto adicional para financiar el post conflicto, todo a nombre de la cacareada “solidaridad”, vago y etéreo pretexto en cuyo nombre toda exacción y despojo parecen hallar justificación.
Así pues, hemos de detenernos en el camino, exigir la promulgación de una ley que organice los impuestos locales y pensar en como racionalizar la carga tributaria para quienes están en la legalidad, a la vez que se haga algo real contra los evasores. De lo contrario, vendrá la cruda realidad y descubriremos que este desarrollo “sostenido” no fue más que el resultado del temporal refugio de los grandes capitales mientras pasaba la tormenta de la crisis internacional y que restablecido el orden económico global, pero sobre todo, sopesado el costo real de operar en Colombia por cuenta de la incertidumbre jurídica (la autoridad tributaria y la Corte Constitucional parecen competir para ver quien logra crear el mayor desafuero) y la desproporcionada carga fiscal, el capital extranjero y buena parte del capital nacional repatriado en los últimos años, partirán a buscar ambientes más seguros y confiables.
Es que para los funcionarios del Estado el más sencillo expediente es presionar sin control al empresario legal, imponerle más y más cargas, más costos, impuestos y no realizar esfuerzo alguno contra los ilegales o en la racionalización del gasto público. Olvidan esos servidores públicos de todo nivel y jerarquía aquel viejo chiste de los amigos en el bar, que el dia en que a trompadas aburrieron al rico del grupo este simplemente se fue a beber en otro sitio y ya no hubo quien pagara la cuenta.
[ii] Impuesto al Patrimonio, Regalías, Impuestos a la gasolina, estampillas municipales y departamentales, tasa aeroportuaria, arancel judicial, tasa de uso de agua, tasa vigilancia autoridades ambientales, contribuciones a las superintendencias, las contribuciones parafiscales a fondos que engordan una burocracia paralela, la matricula mercantil (que nos damos el lujo de tener una de la mas costosas del mundo para el más inútil de los servicios), etcétera, etcétera, casi todos cobros que deberían considerarse cubiertos con el pago de impuestos directos.
