Por: Carlos Antonio Espinosa Pérez*
Tal vez una gran ventaja que nos llevan otras sociedades, incluso de niveles equivalentes de desarrollo, sea la interiorización que en ellas existe sobre el deber de pagar impuestos, pero además y sobre todo, respecto al derecho que tal pago otorga para existir del Estado y los servidores públicos una determinada conducta, un proceder no solo ajustado a la Ley sino orientado al beneficio colectivo.
Si bien nuestra Constitución establece entre otros muchos principios, aquel según el cual todos hemos de contribuir al fondo común, bajo las reglas de progresividad y equidad, la realidad es que la mayoría de los ciudadanos de este país no solamente no siente que tal mandato sea deber imperativo, sino que cada cual, a su particular manera, encuentra pretextos para justificar el no pago de los impuestos.
“No taxation without representation” fue el principio que los rebeldes ingleses incorporaron en la carta magna y a partir del mismo todas las sociedades posteriores han buscado preservarle como elemento fundacional de la relación estado- contribuyente.
No vamos hoy a discutir lo relacionado con nuestra representación para las decisiones tributarias, sino del otro extremo de la ecuación: Del deber de pagar y del derecho correlativo a exigir.
Importante dejar sentado que no aboga este breve artículo por una reducción de impuestos, tan solo por la simplificación del sistema tributario y la eliminación de la casi totalidad de los tratamientos de favor, que convierten el proceso legislativo en un vergonzoso proceso de negociación, que lleva a expedir normas por decir lo menos curiosa, como aquella que recientemente y con nombre propio vino a regular el manejo del denominado “tax credit” para utilidades obtenidas por empresas colombianas fuera del país.
El debate no es novedoso, al punto que el Congreso de los Estados Unidos examina hoy en día propuestas para migrar a un sistema de flat taxo como fórmula intermedia, para simplificar el complejísimo “tax code”.
Sorprende saber que solo 32.000 contribuyentes vamos a cancelar el impuesto al patrimonio, pues es casi ridículo aceptar que ese exiguo número de contribuyentes tienen patrimonios líquidos fiscales que superen los $1.000 millones de pesos. Eso, en una población económicamente activa que excede los 22 millones de personas naturales y con un PIB per capita en el rango de los US5.400, solo demuestra que la evasión es descomunal y que somos muy pocos quienes llevamos esta carga.
Pues bien, tal vez es hora que esos contribuyentes, los que si pagamos nuestros impuestos, empecemos a exigir del Estado y sus servidores. Que estos últimos entiendan e interioricen el concepto de “servidor público” y rompamos el paradigma actual, donde parecería que los contribuyentes estamos al servicio de los funcionarios estatales, que exijamos para detener el atropello, el bandidaje y la tropelía, que van desde el concejal que estaciona sus vehículos y guardaespaldas (esos que pagamos los contribuyentes) en sitios prohibidos con grosera ostentación de tan intrascendente posición, hasta el sistemático saqueo de la ciudad de Bogotá.
Unámonos pues los contribuyentes, los que pagamos, los que soportamos una de las tasas efectivas en renta más altas del mundo (la del 33% no dice nada de la verdadera carga fiscal) y exijamos del Estado. Asociémonos como ocurre en otros países y reclamemos, demandemos que las reformas tributarias se hagan de cara al país, no en conciliábulos secretos, impongamos nuestra voluntad para que se deroguen los tratamientos de favor y sobre todo, aprovechemos que la DIAN tiene como Director a un hombre profesional y serio, para cambiar el enfoque de la autoridad tributaria y que ésta, en lugar de buscar hacernos pagar más a los que ya contribuimos, se concentre en los evasores, saliendo a los barrios, a las ciudades intermedias, a los campos.
Las sociedades justas y equitativas se construyen pagando impuestos, pero siempre y cuando los paguemos todos y en la medida que los contribuyentes podamos exigir al Estado responsabilidad, decoro, disciplina, austeridad y eficiencia en el uso de esos recursos.
CARLOS ANTONIO ESPINOSA PÉREZ
Ex Director General de Impuestos y Aduanas