La inclusión financiera es el acceso al sistema financiero y contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad. El tema ha sido tratado por diferentes países en desarrollo y Colombia no ha sido ajena a esta dinámica.  En este sentido, el pasado miércoles fue aprobado por la plenaria del Senado el proyecto de inclusión financiera que lidera el Gobierno y que busca que más colombianos tengan acceso más fácilmente a servicios como giros, pagos y transferencias a menores costos.
Al leer el proyecto de ley,  se encuentra que el principal elemento que se incluye es la creación de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos, que son entidades en las que se abrirían las cuentas PAD (Pagos y Ahorros Digitales), sólo con nombre y cédula, sin necesidad de hacerlo presencialmente.
Estas nuevas entidades no podrán otorgar créditos a sus clientes, por lo que el protagonismo de la banca privada en el tema de inclusión puede verse diezmado por las nuevas entidades. Con este proyecto, las actuales entidades bancarias deberán rediseñar sus modelos de inclusión o dejar de lado esta función que bien han venido ejerciendo.
Frente a esta iniciativa, los bancos han manifestado apoyo; pero abogan por solucionar primero las distorsiones en el sistema. Como ejemplo, se pone de manifiesto el hecho de que el Gobierno ha utilizado a la banca para recaudar distintos impuestos, como el cuatro por mil, la retención del IVA, renta e ICA, vinculados a las transacciones financieras, generando temor a los ciudadanos para el uso de la banca.
Con el objetivo de identificar las percepciones de los productos de inclusión financiera, realicé una prueba con tres familiares. Les pedí que abrieran una Cuenta de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS), que en palabras más cotidianas es una cuenta que se puede abrir con el celular, sin requerir la presencia física. Fueron muy renuentes a esta propuesta, argumentando temor frente a los posibles costos o procedimientos por tener un producto financiero. Ahí es donde se deben enfocar los esfuerzos del Gobierno.
Iniciativas para robustecer al sistema financiero con nuevos actores, sin sensibilizar a la población y sin generar las condiciones para que los colombianos miren sin temor a la banca y realmente la vean como herramienta que facilita los trámites financieros, lo que hace es complicar más al sistema y posiblemente no genere los avances que se esperan. Adicionalmente, la iniciativa desmotiva a la banca para seguir operando sus modelos de inclusión, que han venido funcionando con beneficios para los colombianos.
Ojalá el Senado hubiera LEIDO el contexto de la inclusión financiera y quizás hubiera podido entender que antes de complicarnos con nuevas entidades y normatividades, deberíamos aprovechar las herramientas que actualmente tenemos, generando las condiciones para su uso. Porque, ¿para qué más normas sin erradicar las barreras de la inclusión?
@jdcorreac