La desfinanciación sistemática de la universidad pública por parte del Gobierno Nacional. Este es otro de los graves problemas que afronta el sector de la Educación Superior, y que ahora sale a flote a raíz del debate que generó la reforma tributaria que está impactando severamente los ingresos de los profesores de estas universidades, como lo denunciamos aquí en Negocios y Movidas. Y así nos lo hace saber el profesor Damián Pachón Soto en el siguiente ensayo que nos envía desde la Universidad Industrial de Santander:
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN “CUIDADOS INTENSIVOS”
Por: Damián Pachón Soto, Ph.D.
Profesor Universidad Industrial de Santander
REC-Latinoamérica
El “raponazo fiscal” a los profesores universitarios, debido a las altas sumas que muchos de ellos vienen pagando en su declaración de renta, que incluso los ha llevado a endeudarse con entidades de crédito, sirvió como detonador de un problema más grande que viene rondando a la Educación Superior desde la expedición de la ley 30 de 1992: el de la desfinanciación estructural de la universidad pública. Desde luego, en este contexto, las altas declaraciones de renta que vienen pagando los profesores universitarios, que contribuye a la precarización de su calidad de vida, es sólo una arista del problema, pues el meollo grueso del asunto es la falta de inyección presupuestal, por parte del Estado, a las universidades.
En efecto, desde 1992, como ya en el año 2017 mostró el hoy ex -rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Ignacio Mantilla, la universidad pública pasó de tener alrededor de 160.000 estudiantes, a cerca de 560. 000, es decir, la Universidad aumentó su cobertura casi 4 veces. Igualmente, desde ese año, han aumentado el número de pregrados en el país y el número de posgrados. En el caso de los posgrados, en el año 2003 habían 19.652 estudiantes, cifra que en el año 2011 ascendió a 34.654, es decir, la cobertura se incrementó en un 76.39% (Ver el informe Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia, en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341914_archivo_pdf.pdf). Hay que tener en cuenta que un estudiante de posgrado (Maestría o Doctorado) le cuesta más a la universidad que uno de pregrado.
La Universidad pública colombiana ha tenido que mejorar la formación de sus docentes, es decir, contribuir a que realicen maestrías y doctorados, en aras de mejorar la investigación que genera desarrollo. No sólo se trata de graduar profesionales, lo cual lo hace el pregrado, sino de generar una verdadera cultura de la investigación. Esa política investigativa está en manos de Colciencias a la cual se le ha venido disminuyendo el presupuesto en los últimos años.
Igualmente, debido a que las universidades tienen que acreditarse, lograr tal reconocimiento ha llevado a exigir no sólo una planta docente más cualificadas (profesores con doctorados) sino a tener revistas indexadas y grupos de investigación clasificados ante Colciencias. Para acreditarse, se requiere investigación y ésta cuesta, por ejemplo, en la dotación de laboratorios, compra de computadores, últimas tecnologías y la contratación de profesionales o auxiliares. Si un programa de pregrado no tiene revistas indexadas o grupos de investigación bien clasificados pone en riesgo su acreditación y pierde posibilidades de financiación por parte de las entidades públicas o privadas. Por otro lado, las universidades también tuvieron que asumir las políticas de bienestar universitario con el fin de evitar la deserción estudiantil, la cual en Colombia sobrepasa el 51%.
Todos los anteriores costos los ha tenido que afrontar la universidad pública con recursos propios, pues el Estado no financia ni el 50% de los gastos. El Estado sólo incrementa el presupuesto de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual no implica inyección de más recursos, sino sólo la actualización del costo de vida. En pocas palabras, la ley 30 de 1992 no fue diseñada pensando en una universidad dinámica, que debe crecer paulatinamente, y a la cual se le debe aumentar progresivamente el presupuesto para poder dar satisfacción a las demandas y necesidades de la Educación Superior en el país.
Esto quiere decir que la Universidad Pública, al estar desfinanciada, avanza lentamente hacia la autofinanciación, teniendo que elevar los costos de la matrícula. En estricto sentido, si el Estado no financia la educación, la Universidad Pública tiende a desaparecer y se privilegia, de esta manera, a la Universidad Privada. Es, en realidad, una privatización solapada y silenciosa. Y en este escenario, el diagnóstico también es desalentador, pues el año pasado, 2017, después del oneroso aumento del IVA, las matrículas se redujeron, en algunos programas, hasta en un 30% en las universidades privadas, cuyos costos de matrículas, en los últimos 9 años, se ha incrementado hasta en un 20%. Éste es un golpe general a la posibilidad de educarse de la población colombiana.
Pero el problema de la desfinanciación no termina ahí, pues con el Decreto 1279 de 2002, que modificó el régimen salarias de los docentes universitarios, adicionó al salario puntos por productividad académica (artículos, capítulos de libro, libros de investigación, creaciones artísticas, entre otros) o bonificaciones, puntos por títulos, experiencia, etcétera, los cuales “impactan en el sistema en un 7% anual adicional al crecimiento salarial normal, afectando significativamente los costos de los servicios personales”, según el citado informe. Como en los casos anteriores, el Estado no previó financiación para el Decreto, teniéndose que asumir por la misma universidad. Hay que decir que el Decreto no es el causante del problema estructural de desfinanciación de la Universidad Pública, pues sólo un reducido número de profesores (un 1%), con frecuencia los más antiguos y los más productivos o “duchos” en investigación, llegan a superar un salario de 15 millones de pesos. La gran masa docente de profesores de planta, muchos de ellos endeudados para pagarse doctorados, se encuentran entre 4 y 7 millones, después de haber estudiado en promedio 23 años en su vida.
Por lo demás, los profesores no sólo tienen que dedicarse a la docencia, sino que deben investigar, razón por la cual están obligados a producir patentes, artículos, capítulos de libros, libros de investigación, etc., pues es con base en esa productividad como en parte se logra la renovación de registros calificados, acreditación o reacreditación de los pregrados y posgrados en el país. Es más, sin esa productividad no se pueden acreditar las Universidades Públicas mismas. Además, esos índices de productividad son los que se usan a nivel internacional para los rankings de las universidades y para medir la calidad de la Educación Superior en el país.
Por todo lo anterior, estos días los Rectores, las organizaciones de profesores y estudiantes de las Universidades Públicas, realizan conversaciones con el gobierno, buscando solucionar la crisis estructural de desfinanciación de la Universidad, la eliminación del programa Ser Pilo Paga que desavía dineros públicos a las Universidades Privadas, el reverso de algunas normas tributarias regresivas para la calidad de vida de los profesores, un mejor tratamiento para docentes de cátedra y ocasionales, entre otras demandas. De no lograrse, posiblemente se viene un paro nacional para buscar por medio de la movilización, presionar al gobierno para que le inyecte los recursos necesarios a la Universidad Pública y así superar el déficit.
La crisis, pues, es seria. Ya la recién nombrada Rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, anunció que la “Nacho” necesita 60.000 millones de pesos antes de diciembre para poder cubrir el déficit de este año. Éste se calcula, a nivel nacional, entre 16 y 18.5 billones de pesos. De ahí que, como lo anunció Ignacio Mantilla, ya desde el año pasado, “los esfuerzos adelantados por las universidades públicas por ofrecer educación y realizar investigación de alta calidad, mayor cobertura, alta cualificación docente y mejores condiciones de bienestar para sus estudiantes, así como el cumplimiento responsable de la ley y decretos reglamentarios atendidos con recursos propios, son las verdaderas causas de su desfinanciación”.
Es claro que el problema debe ser atendido por el nuevo gobierno, si en verdad se quiere mantener en la OCDE, con sus buenas prácticas. Por lo demás, como ya lo sabía incluso el aristocrático Platón en La República, es la educación y el cultivo de las aptitudes de la gente lo que contribuye a la realización de un Estado Justo.