A propósito de las negociaciones para acordar el salario mínimo, el Dane revela que cerca del 65 % de los colombianos devenga un salario mínimo o menos, esto quiere decir que la mayoría de los colombianos trabaja por un jornal irrisorio que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas: vivienda, alimentación, vestido, educación, salud, entre otras.
En este sentido, resulta importante discutir el porcentaje de aumento del salario mínimo para esta angustiosa proporción de colombianos que depende del mismo. Los gremios consideran que el incremento debería ser del 2 % y las centrales obreras señalan que debe ser cerca del 14 %. En resumen, la brecha en disputa es muy amplia y se terminará fijando por decreto presidencial.
Vale la pena reflexionar sobre las dos posiciones para tratar de entender sus argumentos, que están basados, principalmente, en la crisis del Lockdown y sus repercusiones económicas. Por un lado, los empresarios respaldan su posición con el comportamiento inflacionario (que según el Banrep no superará el 2 %) y su propuesta pretende equiparar la pérdida del poder adquisitivo con el incremento de los precios, además, afirman que un incremento por encima del 2 % no permitiría la reactivación del empleo —que es primordial para la economía—.
La mayoría de los colombianos trabaja por un jornal irrisorio que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas: vivienda, alimentación, vestido, educación, salud, entre otras.
Por otra parte, los trabajadores cimientan su propuesta en la difícil situación económica que han enfrentado durante la crisis y la disminución en su poder adquisitivo por varias razones, incluido el decremento por las horas extras. Señalan que la reactivación económica depende del dinamismo del consumo y que el incremento salarial coadyuvaría a mover el Producto Interno Bruto (PIB).
Si se observan las dos esquinas cada una de ellas busca beneficiar sus intereses, sin embargo, debe primar el interés que preserve el equilibrio económico y evite los coletazos negativos en el futuro. De tal forma, el incremento salarial propuesto por los gremios, equivalente a $ 17 556 sería el más adecuado para la situación actual. No quiere decir que este irrisorio monto sea lo ideal para los trabajadores, sino que se le incrementará a la mayoría de los trabajadores en Colombia.
En otras palabras, si el incremento que exigen las centrales obreras del 22,3 % se aplicara al 65 % de los trabajadores en Colombia, esto llevaría a las empresas a incurrir en costos salariales más altos y, por ende, a prestaciones sociales más onerosas que generan un círculo vicioso para la economía. Para explicar brevemente, las empresas podrían tomar dos caminos: frenar las nuevas contrataciones (o hacer despidos) o subir los precios de sus bienes o servicios; cualquiera de las dos rutas tendría consecuencias nefastas para la economía: la primera incrementa la tasa de desempleo y la segunda la tasa de inflación.
De acuerdo con lo anterior, resulta muy perjudicial para la economía colombiana un incremento desmedido del salario mínimo sin el respaldo de la productividad local, las empresas se enfrentarían a dificultades financieras para preservar el stock de la mano de obra; el consumo de las familias se dispararía al existir más dinero en la economía y los bienes empezarían a escasear, el precio de los mismos se incrementaría llevando a un escenario inflacionario que con el tiempo terminaría por deteriorar el ingreso de las clases menos favorecidas.
En conclusión, un incremento irracional del salario mínimo como se ha planteado por parte de las centrales obreras resulta ser un arma de doble filo para los trabajadores, pues en el mediano y largo plazo se disminuirá su poder adquisitivo como resultado del incremento en el nivel general de precios.
Juan Carlos Rivera Rueda
Director del Programa de Economía
Universidad Ean