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Colombia se ha caracterizado por tener un sistema tributario inestable; muestra de ello son las constantes modificaciones que han tenido las normas en materia de impuestos durante los últimos años. Es notable la necesidad de una reforma estructural que genere confianza a la inversión extranjera y permita la estabilidad económica de todos los sectores de la economía.
En cada reforma tributaria el Gobierno nacional busca la manera de generar un mayor ingreso; no obstante, las últimas reformas no han propuesto soluciones acertadas y de fondo, únicamente han servido como ‘escampadero’ para cubrir los llamados “huecos fiscales”, originados por los problemas financieros estatales que solo incrementan la incertidumbre para los contribuyentes y para los que quieren invertir en nuestro país.
Asimismo, el alto grado de corrupción conlleva a la desviación de los fondos monetarios que son recaudados como producto de los impuestos, lo cual incrementa la evasión por la falta de consciencia sobre la responsabilidad económica y social de los ciudadanos en contribuir financieramente con el Estado.
Es incierto el panorama para Colombia frente a la crisis actual por el COVID-19, la cual ha generado una importante disminución de los ingresos tributarios. El Gobierno nacional buscará generar un mayor recaudo para la recuperación de la economía, sin embargo, las empresas del país no estarán en condiciones de soportar mayores cargas tributarias a las ya establecidas; por el contrario, están a la espera de incentivos por parte del gobierno para su reactivación.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 17 de junio de 2020 el Decreto 855, mediante el cual se han designado cinco expertos internacionales que hacen parte de la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios, que ha sido creada a través la ley de crecimiento económico expedida en diciembre de 2019.
«Espero que la evaluación de esta comisión contemple el análisis de los elementos para contrarrestar la evasión, disminuir la informalidad y simplificar o reducir las exenciones».
El estudio que esta comisión realizará en el periodo de nueve meses le permitirá al gobierno colombiano evaluar el actual sistema tributario para tomar decisiones de fondo, con miras a una política fiscal que permita mejorar en términos de progresividad, simplicidad y eficiencia.
Espero que la evaluación de esta comisión contemple el análisis de los elementos para contrarrestar la evasión, disminuir la informalidad y simplificar o reducir las exenciones de las que gozan algunos sectores de la economía. Todo esto con el objetivo de disminuir la inequidad tributaria y poder garantizar una mejor redistribución de los ingresos y la riqueza.
De no ser así, el país seguirá manteniendo un sistema tributario inestable y las futuras reformas no serán más que un instrumento de corto plazo que reafirmará la ineficiencia del actual sistema, el cual incentiva la elusión y la evasión.
Ahora queda esperar que la reforma tributaria “estructural” también contemple beneficios para la reactivación de la economía, dejando de lado el lleno de un sinnúmero de requisitos y exigencias, tal como fue el caso de los beneficios tributarios para la formalización y generación de empleo establecidos en la ley 1429 de 2010, que incorporaba muchas arandelas y que la mayoría de las empresas no estaban en condiciones de cumplir.
Leonardo Grajales Villa
Docente del Programa de Contaduría Pública
Universidad Ean
