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Por: Lida Alejandra Acosta (Investigadora RADDAR CKG / Directora de Estudios Económicos)
Hoy por hoy Colombia es el primer país en América latina con una política pública para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos. Según el DNP, al 2016, el 64% de este desperdicio de alimentos se ocasionó en gran medida en la etapa de producción, pos-cosecha, almacenamiento y procesamiento industrial. El 36% restante se desperdició en las etapas de distribución, en la comercialización minorista y en los hogares.
El desarrollo de un proyecto de ley encaminado a reducir el desperdicio de alimentos, o la mejor disposición final de los mismos, es un hito de suma importancia para el país, pues resulta ser un proceso pionero en América Latina en tanto que aborda de manera conceptual lo concerniente a la economía circular. Su objetivo principal entonces, es establecer medidas para reducir la perdida y desperdicio de alimentos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico.
Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, en torno a este respecto, es que el desperdicio de alimentos no se da únicamente en el canal o durante el proceso de compra, o incluso, que el gran responsable es el consumidor final; la particularidad de la política, se relaciona con su ámbito de aplicación, pues involucra todos los demás actores que participan en la cadena, es decir, productores, procesadores, distribuidores y por supuesto el consumidor final. Sin discriminar si esta persona es natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera.
La política propone generar una serie de incentivos para prevenir esta clase de desperdicios, con un principal énfasis en ciertos intervinientes en la cadena de suministro de alimentos, es decir, campesinos, mujeres y pequeños productores. En cuanto a los productos que son aptos para el consumo humano, pero se disponen a ser desechados, el proyecto promueve donarlos a organizaciones sin animo de lucro que atienden a población en condición de vulnerabilidad a través del banco de alimentos.
Todo esto nos hace concluir la importancia que toman dentro de la agenda del gobierno temas como la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la producción de residuos.
Sin embargo, vale cuestionarse ¿Cuáles son las razones para el desperdicio y la perdida de ciertos alimentos? Por ejemplo, ¿por qué un producto debe desecharse cuando no tienen características homogéneas en cuanto al color, la forma y el tamaño?, ¿Por qué las plazas de mercado son los principales generadores de desechos? Por dar un ejemplo, las fallas estructurales que cuentan tanto las redes viales como los establecimientos pueden dar respuesta a por qué particularmente los alimentos frescos son los más desechados.
Atender esta clase de particularidades puede inclusive llegar a impactar los precios de los alimentos diariamente transables, muchos alimentos dejarían de descartarse. Sólo, como ejemplo debemos tener en cuenta como en los últimos dos meses se registró una pérdida incalculable de alimentos, especialmente frescos con los cierres viales de la vía Bogotá-Villavicencio que afectaron los precios de estos por desabastecimiento en las centrales de abastos.
Esto al final nos lleva a pensar, que no solo se trata de dar garrote o zanahoria a quien desperdicie o no alimentos, esto va más allá; esto implica promover mejores prácticas que podrían mitigar los efectos colaterales de los que hemos hablado. Ahora bien, la ley sola no da la tarea por hecha en tanto que la política debería estar acompañada de formas que ayuden a garantizar el acceso adecuado a centrales de distribución y demás espacios que permitan cerrar o ampliar las fronteras de este capítulo de la economía circular.
