Por: Erick Rincón Cárdenas
Gerente General.
Certicámara S.A (filial de la Cámara de Comercio de Bogotá)
Con el Decreto 019 de 2012 la simplificación y racionalización de trámites ante las entidades del Estado, a través de medios electrónicos con plena seguridad jurídica y técnica, puede ser una realidad.
Las organizaciones públicas tienen un importante papel en la nueva economía, facilitando el desarrollo económico y la inclusión social. Con el Decreto 019 de 2012, la administración electrónica se puede definir como una nueva forma de gestión pública, basada en el uso interactivo de las Tecnologìas de la Información y la Comunicación, TIC (Internet), con el doble objetivo de la prestación de mejores servicios para ciudadanos y empresas, así como la mejora de los procesos internos de las entidades.
La administración electrónica implica el uso de Internet para el desarrollo de servicios públicos rápidos e interactivos. Esta acepción incluye dos aspectos complementarios. Por un lado, los ciudadanos están bien informados y bien atendidos (e-goverment services). De otra parte, los ciudadanos pueden participar activamente en los procesos públicos; este segundo aspecto nos lleva al concepto de democracia electrónica (e-democracy processes).
La administración electrónica abarca cualquier tipo de servicio, en cualquier momento, 24 horas al día y siete días a la semana (24×7), desde cualquier lugar, y desde multitud de dispositivos de acceso, tales como el ordenador, el teléfono móvil, televisión digital, PDA, etc. Cada vez una mayor cantidad de organizaciones y entidades públicas muestran un impulso decidido por lograr una «Administración Electrónica».
Las líneas de actuación fundamentales de cualquier proyecto de administración electrónica se apoyan en tres elementos esenciales: el acceso público de los usuarios a los servicios, la reorganización interna de la propia administración y el intercambio de información entre la administración.
La administración electrónica va más allá de un simple servicio telemático, y se sustenta en dos pilares fundamentales; la seguridad, proporcionada por las infraestructuras técnicas, y la validez jurídica, impulsada por un desarrollo normativo paralelo. Sus principales beneficios son los siguientes:
· Recorte de gastos. Con el ahorro de papel derivado de envíos y almacenamientos se reducen drásticamente los costos del proceso.
· Agilidad en la tramitación. Los diferentes pasos de un trámite se pueden realizar en pocos minutos y cómodamente, sin necesidad de desplazamiento alguno.
· Ahorro de espacio.Los documentos generados pueden ser almacenados fácilmente en medios de almacenamiento magnético u óptico.
· Procedimiento seguro. Mediante el empleo de certificados y firmas digitales se garantiza en todo momento la autenticidad, la integridad y el no repudio de los documentos.
Uno de los aspectos más relevantes de la normatividad vigente, es que las actuaciones de la administración pública deben contemplar la aplicación de mecanismos que permitan garantizar ciertos principios básicos exigibles a la documentación electrónica, éstos son: (i) La autenticidad del origen; (ii) la integridad de su contenido; y (iii) su adecuada conservación o disponibilidad. Uno de las soluciones más conocidas y que posee los principios mencionados es la firma digital incorporada al mensaje de datos, la cual es empleada por el propietario y permite verificar que el contenido enviado no haya sido alterado o transformado y que pueda ser considerado como evidencia digital en caso de consultarlo posteriormente.
En resumidas cuentas, la iniciativa del Gobierno Nacional de promover el buen uso de las TICS, debe ser una política permanente y sostenible. El Estado, además, debe apostarle a seguir mejorando sus índices de eficiencia y competitividad, y uno de los pasos para alcanzar ese reto es la administración electrónica.