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Más de treinta mil millones de pesos invirtieron las entidades públicas y privadas para evitar los riesgos de suplantación de identidad y robo de información durante el 2015 gracias a servicios de certificación digital. La conectividad ha llegado a más de mil municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, la biometría por huella ya está presente en trámites notariales, registrales y de transporte; y además llegó al país la tecnología de biometría por voz para identificar a las personas cuando realicen operaciones presenciales o virtuales.
A pesar de los avances logrados en materia de seguridad para el sector TI, el 2015 fue también un año de altas y bajas para la industria de las tecnologías de la información. Por ejemplo, una cifra que ha arrojado estudios de algunas agremiaciones del sector, es que solo el 10% de los ciudadanos tiene plena confianza en usar los medios electrónicos para sus transacciones diarias, ya que Colombia es el sexto país con más ataques cibernéticos de la región, y esto incrementa el temor de varios usuarios a utilizar las plataformas digitales y entregar sus datos personales. Pero la lista de desafíos para el nuevo año es más larga, pues sí Colombia quiere convertirse en un territorio cien por ciento digital, los retos cada vez serán más grandes. Una de las iniciativas más ambiciosas para el 2016, es el proyecto de Carpeta Ciudadana y Autenticación Electrónica, que brindará a todos los ciudadanos y empresarios, la posibilidad de realizar trámites virtuales, a través de un espacio gratuito y seguro en la nube en donde podrán conservar sus documentos electrónicos.
“Porque protegerse sí paga”: Certicámara
“Más de 26.000 organizaciones han utilizado servicios de certificación digital durante los últimos cinco años, lo que demuestra que protegerse sí paga” aseguró Héctor José García, presidente de Certicámara S.A., quien también reiteró que para el 2016 se debe incrementar la inversión para asegurar jurídica y técnicamente la información de las organizaciones en aproximadamente 60.000 millones de pesos. De igual manera, se hace imperativo que sectores como el de la administración pública y justicia, implementen mecanismos electrónicos confiables y seguros que permitan modernizarlos y hacerlos más eficiente.
