Durante el mes de febrero, entes de control como la Superintendencia de Salud, reciben de sus vigilados miles de reportes de información de manera electrónica. La suplantación de identidad y alteración de documentos son riesgos latentes que deben mitigarse con mecanismos tecnológicos altamente seguros.

Bogotá, febrero de 2019. La presentación de reportes e informes financieros en línea es una obligación que deben cumplir cerca de 12 mil entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud en todo el país, tales como IPS y EPS, entre otros. No obstante, empresas vigiladas por diferentes entes de control también envían sus reportes en línea durante el año. De esta manera, representantes legales, contadores y revisores fiscales, al ser responsables de avalar la documentación que contiene información sensible y confidencial de la empresa, deben proteger su identidad, evitar la alteración de documentos y mantener la integridad de los mismos, con altos estándares de seguridad. En Colombia, el mecanismo más robusto y confiable, desde el punto de vista jurídico y técnico para mitigar estos riesgos, es la firma digital emitida por una Entidad de Certificación Digital debidamente acreditada, de acuerdo a la normativa vigente.

“La firma digital es el equivalente a la firma manuscrita, que garantiza la identidad de quien firma, así como su vínculo y aprobación frente al documento o transacción que este adelantando por medios electrónicos, además blinda la información para que no sea alterada”, así lo afirma Certicámara S.A., especialista en seguridad informática y tercero de confianza de miles de empresas que invierten en la protección de su activo más valioso: la información.

Y es que además de darle seguridad a las transacciones o trámites electrónicos, las firmas digitales han apoyado la Política Cero Papel del Gobierno Nacional asegurando la virtualización de trámites y procesos en diferentes entidades públicas, que antes requerían largas filas y entrega personal de documentos. De esta manera, se han incrementado los niveles de eficiencia administrativa y mejora en la atención de usuarios y ciudadanos en todo el país.