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En el marco del Congreso del CLAD celebrado la semana pasada en Brasil, se dedicó un espacio a la Carta iberoamericana de participación ciudadana en la gestión pública, iniciativa que se lanzó recientemente en Portugal como el resultado de un esfuerzo de varios países -Colombia incluido- en orden a proponer un lenguaje común sobre la democratización de la gestión pública en Iberoamérica para su mejoramiento al servicio de la ciudadanía.
La Carta define la participación como “el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos” y se concibe como un instrumento para la creación, ejecución y evaluación de políticas públicas.
Nuria Cunill destacó que la propuesta de concebir la participación como derecho la ubica en terreno nuevo y desafiante dado que la inscribe en la nueva generación de políticas públicas con enfoque de derechos, esto es, universalidad antes que focalización como principio de la búsqueda de la equidad, exigibilidad de derechos y petición y rendición de cuentas.
Este escenario conduce y conecta con la democratización de la gestión pública ya que incorpora la posibilidad y necesidad de la ciudadanía como actor político directo que incide en la gestión pública desde la diferencia antes que desde los tradicionales recursos de poder que traducen intereses particulares en asuntos públicos. Es decir, se trata de fomentar espacios de participación durante todo el ciclo de las políticas a la luz de la incidencia en detrimento de la instrumentalización.
En síntesis, tres son los elementos de la nueva participación propuesta en la Carta: inclusión de todos desde la diferencia, incorporación en la totalidad del ciclo y comprensión de la gestión pública más allá de la lógica económica de oferta de servicios sociales. Todo lo cual se traduce en la presencia de ciudadanos con voz, en lugar de clientes, en la conformación de las políticas.
