En muchos de los nuevos líderes chocoanos se observa una posición moderada, tal vez ingenua, respecto a las realidades que caracterizan la arena política de la región. En ellos, existe un apego estricto a la institucionalidad de tal manera que los lamentos justos ante situaciones históricas de exclusión, encuentran opciones de salida en las instituciones formales siempre que otras personas tomen las riendas.

 

El cambio de las personas influyentes en los procesos de toma de decisiones es una alternativa de llegada pero que se construye desde el reconocimiento del potencial y restricciones de las instituciones informales. Para ello, es necesario resaltar el papel que está llamado a cumplir el conjunto de expresiones de la movilización social tales como:

-Las riquezas culturales que, por ejemplo, pueden hacer uso de la música para comunicar mensajes de cambio.

-Las tradiciones de arraigo comunitario que hacen posible la convivencia y la supervivencia, y

-La concientización ciudadana respecto a la necesidad de un proyecto político de transformación social.

 

No se trata de hacer un llamado al quebrantamiento del orden formal, pero si hace falta reconocer la debilidad del marco legal y las fortalezas de normas sociales de cuño cultural que pueden hacer plausible la construcción de nuevos acuerdos microinstitucionales. A partir de ello, tendrá lugar un proceso de políticas públicas locales en donde los territorios, y en especial sus habitantes, configuren el núcleo alrededor del cual se edifique el cambio social que exige la región.

 

Las reclamaciones sociales en Colombia muchas veces fijan sus expectativas en el logro de la promulgación de una política pública de cualquier cosa -tras reivindicaciones en clave de derechos, de poblaciones minoritarias, de asuntos sectoriales o de enfoques diferenciales-. A mi modo de ver, este tipo de expectativas de respuesta por parte de la movilización social, facilita la tarea del gobierno, incluso lo incentiva a comportarse bajo el lema “aquí no se le niega una política pública a nadie” pero cuyas implicaciones son escasas en términos de asignaciones presupuestales e implementación efectiva de acciones y programas.

 

En el Chocó es muy evidente la alta confianza que se deposita en promesas dotadas de grandes enunciados pero con pocas posibilidades de realización efectiva; el caso de la minería es muy diciente, ante las protestas sociales de 2012 y 2013, la respuesta del gobierno nacional ha sido el compromiso para “la construcción e implementación de una política pública minera, incluyente, democrática, transparente, responsable, compatible con el ambiente y con enfoque diferencial”, toda una lista de buenos deseos pero con nulas consecuencias en los escenarios de decisión nacional. Al fin y al cabo, no pasa nada cuando desde la Casa de Nariño se deja el Chocó postrado en el olvido.

 

Sin embargo, ya es hora de que pase algo, ya existe mayor conciencia ciudadana del abandono estatal y existe también una élite intelectual chocoana que puede hacer la diferencia. También es necesario que las gentes capitalinas descubramos que Chocó existe y que puede ser un escenario prometedor de grandes y aleccionadores cambios sociales.