La deliberación en el terreno de las políticas públicas suele estar acompañada por la presencia de expertos en plantear monólogos cuyos argumentos quedan condenados al ostracismo de las actas o documentos de trabajo que nadie lee. En su lugar, se antepone el interés particular bien representado en las instancias de decisión y cuya coincidencia con el bien común queda reducida a situaciones inopinadas. En este sentido, las políticas públicas hacen caso omiso de las discusiones de conceptos fundamentales para la construcción de lo público tales como libertad, justicia, redistribución.
Argumentos asociados al predominio del cortoplacismo en lugar de visiones comunes de futuro, convierten los procesos de las políticas públicas en escenarios de interacción entre élites en donde tiene lugar el protagonismo tecnocrático en menoscabo de la participación democrática. Partir de premisas avaladas por el conocimiento convencional es una práctica ampliamente difundida entre los analistas de las políticas públicas, lo cual puede tener justificaciones provenientes del pragmatismo y de la necesidad de contar con procesos expeditos de toma de decisiones. No obstante, la urgencia de la actuación pública no puede ser pretexto para desconocer los avances del pensamiento social que cuestionan postulados básicos del análisis técnico de las políticas públicas.
La economía política, entendida como la rama de la economía para la que la política importa, está llamada a cumplir un papel intermedio entre las categorías filosóficas directamente relacionadas con el quehacer público y las cuantificaciones que pretenden constituirse como lenguaje universal de las ciencias sociales. Es claro que el debate público requiere puntos de encuentro entre justicia distributiva y mediciones de impacto, es allí donde la economía política se convierte en articulador de saberes al servicio de la discusión social.