Las realidades de la minería aurífera son complejas. Es fácil decirlo, difícil aproximarse desde la comodidad de las ciudades e imposible comprenderlo sin conocer los territorios. El diagnóstico es trillado: en lo local no hay Estado, las reglas han sido impuestas a la fuerza y los lugareños han puesto las víctimas.
En la base de las relaciones sociales existe la confianza. A pesar de adversidades económicas y calamidades comunitarias, la confianza en familiares y personas conocidas permite tejer redes de protección que facilitan la supervivencia. Pero las inhumanas condiciones laborales, la amenaza del accionar de grupos armados ilegales y la inoperancia de las autoridades públicas, recrean un escenario de interacción social basado en el miedo.
En particular, las consecuencias prácticas de una dinámica social con esas características tienen hondas repercusiones en la vida cotidiana de los pueblos mineros. Por ejemplo Segovia en el nordeste antioqueño, es muestra fehaciente de desarraigo, ausencia de sentido de pertenencia y falta de compromiso con causas colectivas.
La confianza interpersonal es la esencia de la disposición a cooperar y a emprender acciones colectivas. Pero cuando el miedo es la regla, se exacerba el individualismo orientado por el principio sálvese quien pueda y desaparece hasta la confianza en la familia. Así, la explotación minera ilegal, la criminalidad y la corrupción encuentran el caldo de cultivo para consolidarse como panorama de la vida cotidiana con el que toca convivir: ¡aquí usted paga, se muere o se va!, concluye un habitante de la zona minera respecto a la realidad de la extorsión. Los arreglos institucionales en lo local, lejos de responder a principios democráticos, se configuran alrededor de criterios antisociales como la amenaza de muerte violenta, la estigmatización de liderazgos sociales y el silencio forzado.
A propósito de las manifestaciones recientes, los mineros aseguran que el problema va pa´ largo ya que en las negociaciones el gobierno promete pero no plasma. El rumbo errático del gobierno nacional ofrece razones para pensar que el conflicto minero apenas comienza y su manejo adecuado depende de ponerse en las botas del minero y descubrir que el oro no se saca con las manos.
El actual ministro de minas, Amilkar Acosta, prologó el libro La minería colonial del Siglo XXI de Aurelio Suárez y afirmó que “la minería podrá ser responsable pero nunca «sostenible», como aseguran algunos, porque la minería es extractiva” (texto completo aquí). Luego tomaba prestadas las palabras de Samuel Azout para señalar que, hablando desde el territorio y no desde el escritorio, los resultados de la explotación minera en el terreno no son progreso, son de miseria. Cabe esperar que al frente de la cartera minas, el ministro guajiro tenga plena independencia de opinión y logre mantener sus ideas críticas respecto al derrotero precario del gobierno nacional. De lo contrario, la gente de los pueblos mineros seguirá condenada a la exclusión debido a las acciones de los amos del oro y a la inacción de la ignorancia citadina.