El vocablo inglés accountability alude a la responsabilidad por lo que se hace y a la capacidad de brindar razones satisfactorias para justificarlo, en términos de gestión pública, “lo que se hace” comprende deliberación, decisiones, acciones, estrategias y resultados alrededor del proceso de las políticas públicas. En español, se suele traducir como rendición de cuentas, con lo que el campo semántico del anglicismo en cuestión queda reducido a un contexto jerárquico formal, en donde los responsables de la factura de las políticas dan cuenta de sus acciones de manera unilateral.

David Bonbright (2007), experto internacional en la materia, entiende la accountability como el medio para influir el uso del poder, paso seguido, asegura que es el proceso de crear frenos y contrapesos que aseguren que el menos privilegiado y con menos poder puede retar y reconfigurar las dinámicas del poder social. Por tanto, se tiene un proceso de naturaleza política encaminado a la democratización de la toma de decisiones colectivas en donde la participación ciudadana es protagonista.

De esta forma, es necesario acudir a una noción más amplia que garantice un control social fundado en flujos de información en varias direcciones, es decir, los escenarios de rendición de cuentas en donde los gobernantes presentan extensamente sus ejecutorias tienen que obedecer a mecanismos de exigencia de cuentas por parte de los ciudadanos beneficiados y afectados.

Se trata de un concepto en construcción (partiendo de un asunto elemental pero de gran significancia como la traducción del vocablo inglés) para orientar su implementación desde la comprensión de alcances y limitaciones que nuestro sistema político ofrece y en concordancia con las posibilidades del activismo social por parte de instancias representativas de la voz ciudadana.

La tarea que se deduce no es otra que la construcción gradual de accountability que, sin perder el referente normativo de la participación, comienza con la representación de los intereses ciudadanos a través de interlocutores que cuenten con mecanismos de poder en el grado necesario para que sus acciones de control social tengan consecuencias.