Uno de los factores explicativos de la efectividad de los ejercicios participativos es la capacidad real de incidencia en el proceso de las políticas, esto es, la posibilidad de incluir temas de discusión en la agenda pública, la capacidad de influir en las decisiones, la oportunidad de intervenir en la ejecución y la facultad de sancionar con base en la evaluación del impacto de las intervenciones.
Basta un poco de sensatez para reconocer que la efectividad de la participación ciudadana como incidencia en las políticas públicas, se reduce a promesas del populismo propio de nuestra realidad política actual cuyos espacios participativos obedecen a criterios de impacto mediático antes que a criterios de impacto social.
En contraposición al predominio de la telepolítica (Rincón et al, 2008), el proceso de políticas públicas precisa referentes de discusión que orienten el debate público hacia las necesidades sentidas de la población. No se trata de una oposición per se al gobierno de turno, se trata más bien de una oposición a la forma de gobernar que permite priorizar fenómenos que no revisten importancia; y cuyo propósito es garantizar la atención permanente sobre los desafíos sociales fundamentales para construir las estrategias de desarrollo consecuentes con un proyecto político común.
En este sentido, es conveniente promover la institucionalización del análisis de políticas públicas en donde, en lugar de investigaciones al servicio de intereses económicos o ideológicos, prevalezca el trabajo intelectual que permita mejorar la calidad del debate de los asuntos públicos. La labor de estas instituciones de análisis de políticas públicas se caracteriza por una orientación hacia la persuasión con base en la argumentación proveniente de estudios con rigor académico, pertinencia política y a través de la difusión que ofrece el poder mediático.
La creación y fortalecimiento de Think Tanks o institutos de políticas es uno de los ingredientes que necesita la participación ciudadana para incidir en las decisiones públicas sobre una base amplia de información y conocimiento. Por tanto, la tarea consiste en promover la competencia en el mercado de las ideas en menoscabo del monopolio intelectual que rodea la deliberación de nuestros asuntos públicos.