Aunque nunca ha sido fumadora activa (quizás pasiva), la economista Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas, es compradora compulsiva de cajetillas de cigarrillos, particularmente, de las que entran al país de forma ilegal, es decir, de contrabando.

En los últimos años, la señora Llorente ha comprado cientos de cajetillas en varias ciudades del país, particularmente de las zonas de frontera, cuyos países de procedencia son más que diversos: China, sureste asiático, Panamá (por ser puerto de paso obligado), Emiratos Árabes Unidos (EAU), Paraguay y Uruguay.

Hoy, su colección de cajetillas de diferentes marcas es la evidencia más clara del comercio ilegal de cigarrillos en Colombia, un mal endémico de casi todos los países latinoamericanos, que engorda sus negocios por la evasión fiscal, el diferencial cambiario, los precios locales y la poca coordinación entre algunas entidades gubernamentales para el control efectivo del contrabando. De paso, induce a los menores y jóvenes al consumo, pues las restricciones de venta (pese a haberlas) son casi nulas.

“Lo que debe entenderse también es que el incentivo más importante para contrabandear cigarrillos no es la evasión de impuestos, sino el lavado de dinero”, indicó Blanca Llorente, quien liderará la mesa técnica: ‘Alternativas para fortalecer la administración del impuesto al consumo de productos de tabaco’, que se realizará el 30 de abril, en la sede de la Universidad del Rosario, de Bogotá.

Ahora, llama la atención los de procedencia exótica como el sureste asiático y China. “Hay una creciente presencia de productos de tabaco de esos países, porque quieren posicionarse en los mercados latinoamericanos”, dijo la señora Llorente.

Este matute llega a Colombia procedente de Panamá, pues este es puerto de tránsito de buena parte de las mercaderías que se comercian en el mundo, aunque no son de fabricados allí.

Por su parte, los de fabricación venezolana llegan al comercio de los departamentos fronterizos, pero no llegan directamente a los consumidores, sino a distribuidores que se encargan de llevarlos a otros sitios del país o en tránsito hacia otros países como Ecuador y Perú, triangulados por los comercios conocidos como ‘sanandresitos’. Se ha evidenciado que hay marcas que en Ecuador cuestan dos veces y media de lo que se venden en Colombia.

La marca Belmont (que ha perdido popularidad) es producida en la planta de Bigott (miembro del grupo British American Tobacco (BAT), en Venezuela, junto con otras marcas como Consul, Lucky Strike y Viceroy

En el mercado local, las favoritas de los contrabandistas son Marlboro y L&M y Chesterfield, fabricadas por Phillip Morris, y Rothman’s y Lucky Strike, de British American Tobacco (BAT), dada su popularidad entre los consumidores.

Las ventas en línea a través de plataformas transaccionales han venido cobrando importancia entre los distribuidores mayoristas en estos productos, pues los ofertantes se comprometen a entregar la mercancía en el sitio donde el comprador escoja.

Otras marcas sobre la que se está pidiendo atención por parte de las autoridades son las llamadas ‘Win’ (de procedencia legal e ilegal), que abiertamente se consigue en las calles de Medellín y ‘D&J’, registrada por una empresa de Emiratos Árabes Unidos, que se vende en Cúcuta, al parecer producida en el Medio Oriente y cuyo fabricante ha sido denunciado por comercio ilegal en el continente africano.

Un caso ‘de alquilar balcón’ tiene nombre propio, el del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes (2013 – 2018), quien fue reconocido en el informe ‘The many criminal heads of the Golden Hydra’ como uno de los ‘capos’ de este delito, pues controla el 11 por ciento del comercio ilícito del producto.

Los detalles del caso de Cartes, cuya tabacalera produce 20 veces más de lo que se consume en ese país puede consultarlo en https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A18ec0b35-a1ec-458f-889b-8b59632a6008 También en https://www.counterextremism.com

Los logros por incautaciones de cigarrillos de contrabando en Colombia, los reporta diariamente la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a través de su cuenta de Twitter (@PoliciaAduanera).

Vale la pena señalar que el delito que se hace referencia es contrabando, es decir, la evasión de las normas de comercio internacional, como el pago de los aranceles y los permisos necesarios para este tipo de productos, y no a otros como falsedad o la adulteración (que no son problemas relevantes en este mercado).

En las cuentas de la señora Llorente (foto) se tiene que para el año 2017, si no se hubiera tomado la medida del impuesto, el consumo habría sido de 594 millones de cajetillas; pero, como efectivamente sucedió, el consumo que revelan las encuestas indica que pudo estar cerca de 483,8 millones de cajetillas.

En cuanto al pago de tributos, si el impuesto a los cigarrillos no hubiese estado vigente para ese año el recaudado habría sumado 594.000 millones de pesos, pero, como efectivamente sí estuvo vigente, la cifra totalizó 828.000 millones de pesos.

Ahora, por concepto de elusión, por venta anticipada de mercancía antes de la entrada en vigencia del impuesto, la cifra estimada es de 27.500 millones de pesos (lo que el fisco dejó de recibir por este concepto en el año 2017).

Por último, el país ha avanzado en términos de fortalecer la capacidad institucional para responder a los retos de controlar el contrabando en general (no específico para cigarrillos).

“El contrabando obedece a las dinámicas del lavado de activos y el narcotráfico y se incrementa o disminuye dependiendo las necesidades de este sector de la economía subterránea.

“Donde más lo evidenciamos es en Cúcuta, con el 40% y Bogotá, con el 2% de penetración de cigarrillos de cigarrillos de contrabando. En ambas se está vigente el mismo impuesto, pero la presencia de contrabando es muy distinta, por la diferencia en la capacidad de ejercer control en el territorio”, concluyó Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas.