El juego doble. Así podría calificarse el comportamiento de la industria tabacalera hacia las decisiones de los legislativos de varios países latinoamericanos que han pretendido ejercer controles al comercio ilegal de cigarrillos y, mediante impuestos, al consumo de tabaco.
Durante el Diálogo entre Latinoamérica y África que sobre el tema se realizó de manera virtual la primera semana de mayo, se dieron a conocer no menos de tres estrategias puestas en marcha por dicha industria.
En primer lugar, está el acercamiento con las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes en materia de control de tabaco, la prevención al consumo y la eliminación del comercio ilícito.
Como segunda se relacionó la oferta del sistema de seguimiento y localización (tracking and tracing), es decir, el monitoreo permanente de parte de las autoridades de la ruta que tienen los productos del tabaco a través de la cadena, desde la puerta de salida de la fábrica hasta el consumidor final.
En tercer lugar, el Diálogo puso sobre la mesa el uso de grupos de fachada como la llamada ‘Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) un ‘yo-con-yo’ de Philip Morris International (PMI) que financia esa alianza través de su iniciativa PMI-Impact que dice estar comprometida a luchar contra el comercio ilegal de tabaco.
El economista Roberto Iglesias aseguró que, aunque el comercio ilícito de cigarrillos es uno de los principales delitos transnacionales en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco está ausente de la capacitación que se ofrece a las fuerzas seguridad y la patrulla fronteriza. La actividad es organizada por dos universidades brasileñas, las apoya el Ministerio de Justicia de Brasil, pero reciben financiamiento de PMI Impact.
En las cuentas del 2019 se tiene que la iniciativa PMI Impact giró a Tracit US$21 millones de los US$100 millones que donó a 31 organizaciones ese año; en 2017 había transferido US$20 millones a 29 proyectos, entre los que estuvo también Tracit.
“Este ente, financiado por la industria tabacalera, entre otras empresas, intenta interferir en los gobiernos impulsando cambios de políticas favorables a la industria del tabaco en toda América Latina, en Asia, Medio Oriente, Europa y África y la forma de lograrlo parece ser por la vía de intensificar y fortalecer la influencia del sector privado en las comisiones e instituciones del gobierno.
“Existe un claro conflicto de intereses cuando las empresas y las cámaras empresariales interfieren con los órganos en los que se debe crear política pública con intereses comerciales y comprometen los esfuerzos del gobierno para proteger y promover la salud de la población o la economía de la nación”, dijo Azálea Espinoza de la llamada Red Nacional Antitabaco-Costa Rica (Renata).
Así las cosas, Adriana Blanco Marquizo, jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) indicó que “la industria tabacalera sigue intentando presentarse a sí misma como parte de la solución.
“Al hacerlo, se relaciona con entidades como Tracit, pretendiendo mostrar su voluntad de luchar contra el comercio ilícito mundial. Pero no olvidemos los hechos: esta es una industria con una larga historia de engaños y mentiras cuyos intereses han sido reconocidos en múltiples foros por ser ‘irreconciliables’ con los intereses de la salud pública”, destacó la señora Blanco.
Por su parte, Rosa Sandoval asesora de control de tabaco para la OPS/OMS destacó que la región latinoamericana ha logrado avances en los últimos años entendiendo cómo funciona el comercio ilícito del tabaco, esfuerzos que la misma industria minimiza al sobreestimar el tamaño de ese mercado, con el único fin de frenar los avances gubernamentales en la materia.
La situación en África es casi la misma a la reportada para Latinoamérica. Fatou Diouf, Coordinadora Regional de Framework Convention Alliance (FCA) para África señaló una investigación del Atlas del Tabaco que sugiere que hasta el 98% de los productos ilícitos de tabaco vendidos en ese continente provienen de fabricantes de tabaco con licencia, comprobando así que la industria tabacalera es el mismo iniciador del comercio ilícito.
«Eso hace posible que los productos del tabaco sean menos costosos y accesibles, lo que a su vez se traduce en que más personas fumen, menoscabando la eficiencia de las políticas de control basadas en impuestos», dijo Fatou.
La coordinadora de FCA mencionó el caso exitoso de Kenia, “un modelo que otros países deberían emular a la hora de implementar un sistema de seguimiento y localización tabaco (tracking and tracing) para luchar contra el comercio ilícito de productos del tabaco.
Vale la pena señalar que en ese país oriental de África cuenta con una de las legislaciones más fuertes en contra del consumo y comercio de tabaco. El incumplimiento de la Ley de Control del Tabaco, que entró en vigor en 2008, prohíbe a los ciudadanos fumar en las calles, infracciones que cuestan entre 500 y 30.000 euros, además de tres años de cárcel.
Por último, Reina Roa, vicepresidenta de la Mesa de la Conferencia de las Partes en representación de la Región de las Américas, concluyó el evento con un llamado a todos los países: «La implementación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco es fundamental para lograr una disminución del consumo de tabaco y evita la interferencia de la industria tabacalera en las decisiones de las naciones».
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