En una segunda ola de planes de rescate para las economías que se han visto más afectadas por la crisis financiera, uno de los puntos más importantes es el rubro destinado al gasto de inversión y al recorte de impuestos, teniendo en cuenta, esta vez, al sector real y al mercado laboral.

Los primeros planes de rescate tenían como objetivo salvar únicamente al sector financiero, dado que fue allí donde se maduró la crisis actual. Sin embargo, el intento al parecer salió más caro de lo pronosticado, dado que por un lado el tratamiento no fue equitativo (resaltando el caso de Lehman Brothers) y por otro lado, el afán de evitar una recesión al parecer fracasó.

La debilidad de las economías continua, la urgencia de los gobiernos por tratar de reactivarlas al igual que la presión política para hacerlo, es aún mayor. El enfoque que se ha adoptado es el de tratar de estimular las economías mediante una expansión del gasto, en particular del gasto en inversión, que se traduce en proyectos de infraestructura.

¿Qué tan importante es la infraestructura?

Desde nuestro punto de vista, la infraestructura es importante, porque tiene implicaciones directas en lo social, lo económico y lo político. Por un lado la infraestructura crea puestos de trabajo que eventualmente podrían compensar las caídas en el empleo que se observan en otros sectores de la economía. Por otra parte, debido a los beneficios que trae la inversión en infraestructura, el aspecto político puede verse beneficiado dado que puede utilizar este tipo de proyectos como herramienta para las campañas electorales. Lo cuestionable del tema político, es que si bien la infraestructura es atractiva y sirve como instrumento de campaña, lo importante es la ejecución y el buen manejo de los recursos.

El impacto de la infraestructura en las economías está en discusión, y la evidencia es mixta. Si bien hay experiencias positivas, hay otras en las cuales grandes inversiones en infraestructura no han implicado grandes cambios en la actividad económica. El caso de Japón en los años 90 y subsiguientes es particularmente notorio. En todo caso, parece haber un consenso global en el momento actual en dirección a sugerir la necesidad de adoptar políticas fiscales expansionistas, en muchos casos orientadas a expandir la infraestructura como instrumento para potencializar el crecimiento.

¿En medio de esa predominante visión, conviene preguntarse por qué los gobiernos no destinan gran parte de sus recursos en infraestructura? Una posible respuesta es porque hay compromisos ineludibles en el presupuesto en un contexto de poco espacio fiscal, y porque se requiere de mucho capital y de un tiempo considerable (de hecho más de 2 años en la mayoría de los casos) para obtener retornos de la inversión.

El capital que se requiere para proyectos de infraestructura en países con bajas tasas de ahorro interno, proviene del presupuesto del gobierno o de la inversión extranjera. La primera opción es poco viable dado que hay muy poco espacio presupuestal para este tipo de proyectos; y la segunda opción si bien es la más factible, también tiene una serie de obstáculos: i) vender el proyecto de inversión, haciéndolo atractivo para los inversionistas extranjeros, ii) creación de proyectos de infraestructura con altos niveles de rentabilidad para que sean más llamativos y más fáciles de negociar, iii) tener un ambiente legal fácil, claro y transparente para generarles seguridad a los inversionistas que crean en el proyecto y estén dispuestos a financiarlo, y iv) la crisis financiera global en el cual si bien hay liquidez temporal, es muy posible que esa liquidez se vea orientada a financiar las necesidades fiscales de los países industrializados.

En América Latina, la infraestructura se encuentra en vías de desarrollo. En promedio, la inversión que los países de América Latina destinan a la infraestructura equivale al 1,3% del PIB, que comparada con el mundo y con Asia es mucho menor, dado que la participación de estas regiones es de 2,2% y 5,0% respectivamente, teniendo en cuenta los datos del año 2008. De hecho estas participaciones, se redujeron con respecto a años previos, probablemente por la crisis financiera que alejo a los inversionistas de cualquier riesgo posible.

Sin embargo, enfocándonos en A.L se puede observar que el tema de infraestructura se rajó en el 2008 si se compara con los años anteriores, sobre todo con el año 2007 en el que la infraestructura fue uno de los motores de crecimiento de esta región.

En la gráfica 1 se puede observar que la puntuación de la mayoría de los países se redujo significativamente, excepto en el caso de Perú, el cual registró el mayor crecimiento de la región pasando del puesto 11 en el ranking del 2007 al puesto 8 en el ranking actual. Sin embargo, Chile continua ocupando el primer lugar en América Latina, en los tres años de análisis, y en segundo lugar se encuentra Panamá debido a la ampliación del canal que une los dos océanos y facilita bastante los temas comerciales.

El siguiente grupo de países lo conforma México, Colombia y Brasil. México se ha mantenido en el tercer puesto en los últimos años, que si bien no es insignificante si se ha debilitado porque al parecer el cambio de prioridades a la hora de ejecutar los proyectos se han visto un poco enredados. Colombia, ocupando el cuarto lugar de la región, ha mantenido su nivel de infraestructura, aunque para el 2008 se estancó y fue el país con la segunda mayor pérdida de puntuación, ya que pasó de 71,8 ptos (segundo lugar) en el año 2007 a 60.99 ptos (cuarto lugar) el año pasado. Mientras que en Brasil la estabilidad y el desarrollo económico se han reflejado en una mejor calidad de vida para los habitantes, incluyéndose por primera vez en los primeros cinco puestos del ranking.

Comentarios finales

Teniendo en cuenta los pilares estudiados por CG/LA (Transporte, Aguas, Telecomunicaciones y Electricidad), Colombia es el segundo país con mayor avance en infraestructura con respecto a los demás países de América Latina, después de Chile, el cual lidera con puntuaciones significativas. Estos avances están relacionados con la inversión privada en el país, lo que ha generado mecanismos de alianzas entre el sector público y privado que han sido efectivos a la hora de ejecutar los proyectos.

Comparando las puntuaciones con los países desarrollados, la región de América Latina tiene mucho espacio por delante para avanzar en el tema de infraestructura, sobre todo incrementando los niveles de inversión. Si bien es importante conseguir las fuentes de financiación, también es relevante establecer proyectos que sean rentables (en el largo plazo, pero que sean rentables para los inversionistas y para la economía), sean atractivos para los inversionistas, tengan una perspectiva estratégica, con disponibilidad de inversión local y garantizando un ambiente organizada, eficiente y transparente al momento de ser ejecutado el proyecto.

En la coyuntura actual es muy importante tomar decisiones racionales en términos de hacia qué dirección moverse en especial en lo concerniente con el gasto público en infraestructura. Si bien en el mundo se pregona la importancia de los mecanismos de expansión fiscal para potencializar el crecimiento económico, en la práctica la restricción de presupuesto que enfrenta el fisco puede determinar la manera en que actúe. Desde nuestra perspectiva la prudencia fiscal con que viene obrando Colombia debe mantenerse en esta difícil coyuntura. En especial en un ambiente en el cual los recaudos tributarios vienen deteriorándose.

Sin embargo no puede perderse el norte en términos de lograr metas de crecimiento económico para lo cual cierto tipo de mejoras en infraestructura, incluyendo carreteras y puertos, son cruciales. ¿Cómo lograrlo cuando hay dificultades de financiamiento fiscal? Mediante inversión extranjera, a pesar de las dificultades, parece ser la opción más factible. Para esto, sin embargo, se requiere que los gobiernos logren crear modelos de negociación innovadores que logren trasmitir seguridad y rentabilidad. De lograrlo probablemente estaríamos hablando de un New Deal II.