Impedir el ingreso a las ciudades de alimentos, vacunas, medicamentos y químicos para tratar el agua potable, es pretender sitiar por hambre, sed y epidemias a la población civil.
Esto es un atentado grave contra los derechos humanos: demuestra desconocimiento de los principios humanos más elementales y convierte a los promotores del paro en promotores de una masacre que se convierte en un delito de lesa humanidad que se sanciona internacionalmente.
Esto no se admite, ni siquiera, en situación de guerra internacional extrema.
Estos bandidos merecen sanciones penales proporcionales a la magnitud de los delitos que están cometiendo. Independientemente de las injusticias que tales “promotores” dicen estar denunciando.