La crisis de la justicia y del poder legislativo en Colombia, no es por falta de recursos ni por falta de leyes que contemplen las acciones que corresponde tomar en el momento en que los ciudadanos transgreden las normas.
La crisis es mucho más grave, en la medida en que los corruptos han penetrado lo más preciado de las instituciones del país. Los poderes legislativo y judicial, al más alto nivel.
El asqueroso comportamiento del fiscal y sus cortesanos. La penetración de las mafias, de todo tipo, en el Congreso. La descomposición de las altas cortes, contaminadas por la presencia en ellas de representantes de todo tipo de intereses, en la mayoría de los casos, los más oscuros. La voracidad de legisladores y magistrados que actúan en provecho propio y en contra del interés general, con el reparto del presupuesto de los colombianos, en sueldos y pensiones millonarias. Cuando no es enriqueciéndose con el cobro de coimas astronómicas, para favorecer a bandidos que se lucran del reparto de contratos amañados, sin ninguna idoneidad ni experiencia para ejecutarlos.
Todo esto, en detrimento de los conceptos fundamentales de justicia y equidad, nos muestra que el problema de la paz en Colombia no está en cómo se negocia con la guerrilla, a la que la referida corrupción no permite derrotar.
Son las mafias que se nutren de su existencia, las que están beneficiándose, directa o indirectamente, de esta guerra fratricida, con base en el secuestro que han logrado de los más altos poderes del Estado.
El debate sobre la paz, ha dejado de lado la atención que debería darse a este cáncer que destruye, sin piedad, el fundamento de la institucionalidad del país y la garantía de convivencia de sus habitantes.
La reformas que requiere Colombia, no tienen nada que ver con las normatividades que la rigen. Tiene que ver con extirpar este cáncer cuyo agente son los funcionarios corruptos que están enquistados en las instituciones del Estado.
Para empezar, es necesario reducir el tamaño de las instituciones, de manera que la selección de los funcionarios sea mucho más estricta y su gestión más expedita. Con el mayor respeto por la carrera administrativa y acabando los  favores políticos.
Para ello, los partidos, deben responder solidariamente por las actuaciones de sus representados en la instituciones. Con sanciones muy estrictas a sus representantes legales y líderes políticos, que se comportan siempre. ante la sociedad, como si todo hubiera sido a sus espaldas. Recordando al Señor del 8 Mil,  que tanto daño ha causado y sigue causando a Colombia
No se pueden repartir avales a diestra y siniestra, con fines clientelistas, solamente por el caudal de votos que aportan perversos personajes de la política, sin tener en cuenta su capacidad profesional y ética.
Llegó la hora de tomar las  acciones constitucionales necesarias para hacer la operación limpieza requerida y reducir el tamaño del Estado a sus más justas proporciones.
Este sería el aporte más importante a una sociedad que clama por que se acaben, de una vez por todas, con los sinvergüenzas que han fomentado la guerra y que han servido para ocultar la verdadera causa de nuestra descomposición.
Nota: Bogotá necesita GERENTE. Empecemos ahora, eligiendo bien, para no seguir dejando a los politiqueros de turno, robarse la cuidad.