El sentido del trabajo toma trascendencia vital  en la medida en que es creativo y  se une al concepto de emprendimiento, propiciando en sociedad la construcción de valores emprendedores que buscan la libertad individual y colectiva.

La opción emprendedora se concreta en la función de las Pymes y, en particular, de las Mipymes, que dan posibilidades novedosas en medio de la crisis de empleo derivada de legislaciones perversas que procuran la mejora de los indicadores econométricos propuestos por organismos que, cada vez más, se alejan de las realidades sociales de los países -el FMI, el Banco Mundial, el BID- y entes reguladores del Estado que coartan la libertad; expresión de desarrollo por el que aquí apostamos como medio de realización y progreso humano trascendente.  (Rebecca Surender and Robert Walker, “Social Policy and Development»)

Capacitación y Capital

En este sentido, la actividad de las instituciones formadoras y financieras, públicas y privadas, debe centrar su atención en la formación de emprendedores que den respuesta a las necesidades imperantes de generación de empleo y riqueza social que permita el aseguramiento de las condiciones mínimas de los emprendedores y  sus cadenas de valor y labor que, en términos de las diferentes formas de contratación, se dan dentro de los  ambientes empresariales que en estas actividades se presentan.

Según la ley marco de fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas (ley 590 del 2000), se diferencian tres tipos Pymes:

Las microempresas, con menos de 10 empleados

Las pequeñas empresas, con un número de empleados entre 10 y 50.

Y, finalmente las medianas, con un número de empleados entre 50 y 200.

Desde este punto de vista, el enfoque legislativo se torna equivocado, pues, en este, como en la mayoría de los casos, las leyes de Pareto se cumplen inexorablemente. El 80% de las Pymes son microempresas. Este grupo, constituido por la mayoría, está formado por el conjunto más amplio de pequeños propietarios con mayores requerimientos de capacitación y capital, por lo que la legislación y los presupuestos deberían centrarse, fundamentalmente, en ellos, por los efectos multiplicadores que la distribución de Pareto permite prever en este sector. (Wilfredo Pareto, “The Rise and Fall of Elites”)

Es necesario que las acciones de regulación y promoción de la actividad emprendedora se impulsen desde el Estado con un enfoque hacia las Mipymes que, siendo la mayoría y al no contar con un marco regulatorio propicio, son clasificadas como economías informales y, por tanto, no sujetas al sistema financiero y promocional que les permita encontrar salidas a una situación francamente injusta y discriminante que juega en favor de las empresas de mayor tamaño que, como hemos comentado, no corresponden a la mayoría de la población.

El tema de la protección y favorecimiento al desarrollo de las Mipymes, es una necesidad imperiosa que asegura la sostenibilidad de un Estado que pretende ser democrático, pero que aún no logra un esquema de justicia social y equidad, donde TODOS los participantes gocen de las mismas oportunidades, de acuerdo a su condición individual y diferenciada dentro de la sociedad.