¿Cómo puede ser que el Estado colombiano no tenga la capacidad de ejercer la potestad que tiene de hacer uso de las armas, considerando que tiene el monopolio de las mismas para defender a la comunidad, cuando esta se encuentra asediada por hampones de toda calaña que atentan contra los bienes públicos y particulares, exigiendo derechos que no tienen e incumpliendo con los deberes más elementales de todo ciudadano, como es el respeto por el bien común y el de cada persona, incluyendo su derecho a marchar pacífica y ordenadamente por las calles, para exigir el cumplimento de los deberes de los líderes que lo representan?

Es muy triste ver policías luchando contra vándalos, en pelea desigual, donde aquellos no disponen de más que un bolillo para defenderse y cuando estos usan bombas de fabricación casera, armas blancas y atacan con piedras y palos a unos policías que están maniatados por la aplicación de una legislación que les impide actuar, por miedo a las acusaciones de leguleyos y politiqueros de turno que, desentendidos de toda realidad, terminan protegiendo al hampa y, de manera indolente, no defienden al ciudadano común.

Las imágenes de policías asediados por estas turbas desequilibradas e indolentes, deberían hacer reflexionar a toda la ciudadanía, para salir en su defensa y en la de sus derechos violados.

Los policías de Colombia no pueden seguir desprotegidos del Estado y de la ciudadanía y, mucho menos, seguir siendo carne de cañón que sea masacrada en medio de las luchas de unos funcionarios incompetentes del Estado y una ciudadanía indiferente.

La democracia se sustenta con base en un Estado Social de Derechos y Deberes, fuertemente constituido y protegido por unas Fuerzas Armadas debidamente preparadas y dotadas para defenderlo.

No hacerlo así, conlleva a que el desprestigio del Estado, reflejo de una dirigencia mediocre, se erosione, por falta del respeto debido a sus autoridades que, en medio de sus decisiones incompetentes, manejan, sin visión clara, las fuerzas que constituyen el cimiento para garantizar la protección de los bienes del Estado y cada uno de sus ciudadanos.