La industria de los bares y discotecas es reconocida por ser fuente de entretenimiento y diversión. Con sus luces, shows, música y licor tienen la capacidad de atraer una gran parte de la población citadina. Sin embargo, detrás de estas actividades económicas con una perspectiva eufórica y alegre, existen diversas externalidades que afectan de manera significativa al medio ambiente y a la sociedad en general, pero que en la mayoría de los casos son subestimadas debido a la poca visibilidad que se le da a esta problemática y a la limitada regulación estatal en términos de gestión ambiental.

En la ciudad de Bogotá,  se encuentran sectores exclusivos para bares y discotecas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente (2021),  el barrio Marly ubicado en la localidad de Chapinero, es considerado como el sector en el que se encuentran gran cantidad de bares y discotecas, donde las noches de fiesta y celebración se convierten en días de contaminación, donde la acumulación de residuos en el espacio público lograr tapar desagües contaminando el agua y afectando los bienes meritorios de la comunidad como lo son: el aire, el espacio público, los parques, entre otros.

Es evidente una clara falta de conciencia ambiental por parte tanto de productores como de consumidores, que radica principalmente en la poca regulación del estado, que si bien indica un marco de acción en contra del riesgo ambiental latente, tal como la norma ISO 14001 de 2015, no es acatada en su totalidad. Esto se traduce en una evidente ausencia del estado ante la negligencia de propietarios de bares y discotecas en cuanto al cumplimiento de la normatividad y el cuidado del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible.

La problemática desde la perspectiva micro en la localidad de Chapinero se ve reflejada en la situación actual del medio ambiente. Hoy en día alrededor del mundo se experimentan las consecuencias de la falta de conciencia ambiental principalmente en actividades económicas excesivamente contaminantes. Entre los índices de contaminación global se ve reflejado con preocupación las altas temperaturas nunca antes presentadas, los impactos severos en las personas y los ecosistemas y su imposibilidad para generar adaptación y los riesgos latentes del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero como lo expresa el informe del IPCC en 2023.

A nivel global se desarrollan campañas encabezadas por la asamblea de la ONU para el medio ambiente que buscan generar conciencia a nivel naciones y empresas en pro de una transición verde de la economía mundial, lo que se logra desde el establecimiento de políticas públicas fuertes y el desarrollo de proyectos de carácter público y privado. Por esto se el cumplimiento de la normativa local y promover la creación de políticas públicas progresivas para la regulación de la actividad de bares y discotecas, enfocadas en la gestión de los residuos sólidos.

Si bien los establecimientos como bares y discotecas cumplen con impuestos como el ICA, el IVA, impuesto al consumo y diferentes aportes en temas de alumbrado, alcantarillado, entre otros, actualmente se carece de una normativa económica que regule los efectos negativos de estos establecimientos hacía el medio ambiente.

Así las cosas, se requiera una normatividad más rigurosa que implique a los propietarios de estos establecimientos comerciales el cumplimiento de las practicas sostenibles y que estén enfocadas en dos principales propósitos: primeramente, retribuir al medio ambiente el daño ya generado por medio de la limpieza de los ríos y mares, la siembra de árboles, etc. Y por otro lado la financiación de más proyectos de reciclaje y campañas para culturización y concientización de la comunidad acerca del manejo de los residuos sólidos y los recursos naturales.

Por lo tanto, ¿Es viable la imposición de impuestos pigouvianos a estos establecimientos? . Sin duda, un estado presente es quien puede establecer las soluciones pertinentes de manera que se cumplan los objetivos de mitigar y reparar, sin afectar la producción de bienes y la prestación de servicios.

Jorge Esteban Gómez Pinzón

Estudiante de Economía

Facultad de Economía-Universidad Santo Tomás