En próximas semanas saldrá publicado el reporte Barómetro Global de la Corrupción 2016 (ya disponible de manera definitiva para África subsahariana). Este es el resultado consolidado de una encuesta que se hace en muchos países y responde varias preguntas frente al tema de la corrupción, dos de ellas son simples y directas: ¿En qué país se pagan más sobornos? y ¿Cuáles son las instituciones que se perciben más corruptas? En el último reporte definitivo donde aparece Colombia, año 2013, el país no salió bien librado: el 22% de los encuestados aceptó haber pagado sobornos en el año inmediatamente anterior. Para completar el panorama, el Congreso y los Partidos Políticos son las instituciones percibidas como más corruptas, en palabras de Acemoglu y Robinson (autores del libro Why Nation Fails?) son percibidas como instituciones extractivas. Según el índice de Percepción de Corrupción (de la ONG Transparencia Internacional) que va de 0 a 100 (donde un índice cerca de 0 significa más percepción de corrupción), Latinoamérica obtiene en promedio 38 (Colombia 37), cuando el índice es menor a 50 la situación se califica casi de mala.

La corrupción se convirtió en una industria lucrativa establecida en las sociedades modernas. No es de ahora, es un fenómeno de tiempo atrás tanto en aquellas sociedades desarrolladas como en las emergentes. Lo que la hace diferente en una u otra es la magnitud de la su penetración, pues mientras que en las sociedades desarrolladas sucede, o al menos se descubre con menos frecuencia, parece que en las menos desarrolladas como la colombiana, y latinoamericana en general, la corrupción es un mal endémico, una forma de generar economías de escala, un (anti) modelo ineludible de negocio.

La corrupción no sólo se toma el sector público sino las empresas privadas también, es especialmente apreciable cuando un grupo de gente acomodada y bien educada se confabula para literalmente robar a otros, por ejemplo, el Carrusel de la Contratación en Bogotá, que costó 2 billones de pesos, fue perpetrado por los Nule en contubernio con miembros de la Administración Distrital; la caída de Interbolsa, el cartel de los pañales, el cartel del azúcar, el caso Reficar, Saludcoop, el desfalco a la DIAN, etc. En Colombia, un país con 1250 municipios, en los últimos años más de 1300 alcaldes han sido destituidos por la Procuraduría General de la Nación por múltiples y variados casos de corrupción, una muestra de la magnitud del problema que enfrentará el país en los próximos años si quiere ser una nación con una clase media fuerte y con oportunidades para todos, en suma si quiere progresar.

Ahora, en el mundo desarrollado también hay casos, por ejemplo en 2010 Siemens, el gigante Alemán de equipos eléctricos, estuvo envuelto en un escándalo de pagos de sobornos en decenas de países para ganar licitaciones; otro caso relevante es el de la compañía IBM, la cual, según la SEC de U.S.A, sus empleados pagaron sobornos a funcionarios surcoreanos para obtener millonarios contratos. Más recientemente está el emblemático caso de corrupción de Petrobras, que implicó la detención de un Senador y del CEO de BTG Pactual (uno de los Banco de inversión más grandes de América Latina) y a la postre contribuiría enormemente a la suspensión temporal de su cargo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. De la estatal petróleos de Venezuela, PSDVA, ni hablar, cientos de miles de millones de dólares han terminado en cuentas particulares (de empleados y políticos) en Suiza y otros paraísos fiscales.

En muchos casos el fin de la corrupción es “acelerar procesos” y facilitar negocios, un motivo que para muchos justifica los medios. “La corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana”, justificó Guido Nule en una entrevista la revista Semana. Según él, la corrupción es un costo que debe ser internalizado por todo contratista en particular y por la sociedad, los contribuyentes, en general.

Precisamente pensando en la inherencia de la corrupción y en las aparentes bondades para “acelerar procesos y negocios”, los economistas se preguntaron si la corrupción podría facilitar y acelerar, esto es mejorar, el desempeño económico. Se dieron entonces a la tarea desde hace tres décadas de recoger información estadística y tratar de contrastar empíricamente la hipótesis según la cual existe una relación entre desempeño económico y corrupción. Los resultados al principio sorprendían porque aparentemente éstos indicaban que la corrupción era interpretada como una especie de lubricante que facilitaba la movilidad de las pesadas piezas de la economía (en especial de aquellas carentes de una institucionalidad fuerte).

Pero para muchos investigadores, aquellos resultados iniciales no obedecían a una relación causal, era una correlación puramente estadística, quizá por carecer de información más detallada y confiable y, por el contrario, lejos de ser “facilitadora”, la corrupción es francamente dañina. Llegó entonces un cambio de enfoque en el cual los corruptos pasaban de “facilitadores” a vulgares buscadores de rentas, concluyendo que los funcionarios públicos corruptos solo buscan ganancias adicionales a través de la ventaja otorgada por el poder discrecional que el monopolio estatal en materia de contratación les provee. Además la debilidad de las instituciones, en particular la Justicia, facilita su accionar y, en consecuencia, profundiza los daños sociales, los cuales muchas veces son irreparables. El aparente desfalco del ICBF en el Atlántico es prueba de ello.

La literatura existente indica que ni teórica ni empíricamente, ni mucho menos moral o éticamente, la corrupción es justificable; ésta representa una grave lesión para el prestigio de las instituciones y un detrimento para las finanzas públicas y la pérdida de confianza de la sociedad en la institucionalidad de un país. La corrupción es, en definitiva, más dañina que cualquier tipo de actos delictivo, es sin duda el peor de los crímenes y, como dijo David Cameron, es uno de los mayores enemigos del progreso. Por ello cero tolerancia a la corrupción y todo el peso de la Ley para los corruptos.