Es indiscutible que el sistema general de seguridad social en salud- SGSSS- no está funcionando como se contempló en la Lay 100 de 1993. En teoría el sistema de salud colombiano es uno de los mejores que existe. Está en el justo medio entre un sistema como el europeo, financiado totalmente por Estados paternalistas y el plenamente liberal como el norteamericano, donde la afiliación a la seguridad social es una elección individual (al menos hasta el advenimiento de Obama) y el aseguramiento de la salud se parece mucho a asegurar un automóvil.

A los radicales –quienes a ultranza de imperito proponen acabar con la Ley 100 y con el aseguramiento –hay que recordarles que antes de 1993 era poco lo que había en salud: un monopolio estatal que aseguraba y prestaba el servicio, y un precario sistema hospitalario de asistencia pública que en conjunto no atendían al 30% de la población del país.

El sistema de salud ha fallado porque el Estado fue el primero en desatender dos de los pilares sobre los que se edificó el SGSSS: la regulación y la prestación del servicio; los otros dos, el financiamiento y la administración del seguro, no son realmente el problema, pues es debido a las fallas en los primeros, que muchos de los recursos se pierden y el aseguramiento, en especial en el régimen subsidiado, no esté funcionando como manda la Ley. Un ejemplo de tal descuido y con graves consecuencias financieras fue el retraso (de 17 años) en actualizar el POS.

El espíritu de la reforma de 1993 debe mantenerse, conservando el monopolio estatal en el financiamiento, pues la historia ha mostrado que el Estado como asegurador y prestador del servicio no es ejemplo de diligencia, pero manteniendo el principio fundamental de separación entre aseguramiento, en manos de las EPS, y la prestación del servicio.

Cualquier iniciativa que pretenda modificar el SGSSS debe conservar la libre competencia en la provisión del seguro; naturalmente el Estado debe asumir la tarea de vigilar y regular la prestación del servicio (ojala en manos de una institución competente), para evitar las costosas regulaciones que por sentencia ha hecho la Corte Constitucional en los últimos años y que por supuesto ha llevado a la insostenibilidad financiera de la salud en Colombia.

Es innegable que la libre competencia en el aseguramiento, le ha imprimido dinámica al sistema de salud y una organización institucional que, por supuesto, debe corregirse para explotar todos los beneficios de un sistema garantista, diseñado para lograr la anhelada eficiencia y equidad en la provisión de un derecho fundamental, pero limitado, como la salud.

@jhbarrientos