El pasado 14 de noviembre el Gobierno de Ecuador suspendió temporalmente el pago de 30,6 millones de dólares de su deuda externa, supuestamente por sospechas de “ilegalidad”. Bajo este supuesto, el Gobierno se acogió a los 30 días de gracia, es decir hasta el 15 de diciembre, para definir el pago del cupón correspondiente al 15 de noviembre.
Lo sospechoso del incumplimiento, es que la supuesta “ilegitimidad” no surgió cuando se emitieron los bonos, sino después de ocho años de haber pagado los cupones con el debido cumplimiento. Adicionalmente, la duda se presenta en un escenario de crisis, acompañado de una fuerte caída en el precio del petróleo (uno de los principales motores de la economía y una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno ecuatoriano).
Será que de verdad los bonos son “ilegítimos”? o será simplemente una cortina de humo por parte del Gobierno Ecuatoriano, ante un escenario de default?
Empecemos analizando el comportamiento de los bonos Global 2012. La deuda que el Gobierno Ecuatoriano obtuvo en el año 2000 con la emisión de estos títulos denominados en dólares fue de 1.250 millones de dólares. Su tasa cupón es de 12%, con un pago semestral (15 de mayo y 15 de noviembre), cada uno por un monto de 30,6 millones de dólares.
La tasa promedio de negociación de estos títulos entre octubre de 2004 y octubre de 2008 fue de 11,3%. Posterior a esta fecha, la desvalorización del título ha sido de 78% aproximadamente, llegando a su menor nivel el 20 de noviembre, cuando se ubicó en 78,4% (Gráfica 1).
El derrumbe en la cotización del bono, fue causado por las sospechas de ilegalidad anunciadas por el Presidente Rafael Correa, contagiando a los tenedores de los títulos de incertidumbre, quienes han preferido venderlos ante un incumplimiento definitivo de los pagos.
Sin embargo, después del informe que el Presidente le solicitó a la comisión encargada de revisar sus pasivos financieros, se encontraron indicios de ilegalidad e ilegitimidad en la deuda externa ecuatoriana. Según el informe de la comisión tanto los bonos Global 2012, como los bonos Global 2030 estos cuáles son? presentaron las siguientes anomalías:
• Ilegalidad desde su instrumentación
• La emisión de los títulos no estaba autorizada legalmente por el Gobierno.
• Salomon Smith Barney y J.P Morgan, quienes actúan en la negociación desde el 27 de julio del año 2000, no tienen una autorización formal del Gobierno de Ecuador.
• La liquidación de garantías colaterales se realizó en forma arbitraria e ilegal.
• El valor del mercado de los bonos reestructurados estaba por debajo de 30% de su valor nominal, lo que determina que el monto sujeto a negociación en el mercado secundario correspondía a 1.005 millones de dólares.
El informe de la comisión no solo mostró falencias legales, sino que también se identificaron créditos con entidades multilaterales que no respetaron las leyes y las normas del país, ya que en las renegociaciones de la deuda se incluían cobros de intereses sobre intereses, los cuales están prohibidos en la legislación ecuatoriana.
Si bien para el Presidente Correa, el informe demostró “corrupción e ilegalidad”, aún no está clara esa “ilegalidad o ilegitimidad”, después del visto bueno que recibió la emisión (en su momento) por parte de la Contraloría, la Procuraduría, el Banco Central de Ecuador y la Senplades (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo), quienes deben autorizar cualquier proceso de endeudamiento público. Entonces, si estas entidades al parecer lo aprobaron sin encontrarle alguna falencia, ¿dónde está la parte corrupta? o ¿por qué cuando Rafael Correa tomo la presidencia no anunció tales sospechas?
«Buscaremos sancionar a los culpables y no pagar la deuda ilegítima”, afirmó el Presidente Rafael Correa, prejuzgando posiblemente a personas que no tienen nada que ver y adicionalmente anunciando un default, porque simplemente no quiere cumplir con el pago de la deuda.
Sin embargo, es importante mencionar dos cosas: i) Si bien el tema de la ilegalidad es nuevo, Rafael Correa siempre amenazó con no pagar la deuda externa, y ii) Los ingresos del Gobierno ecuatoriano son muy sensibles al precio del petróleo, y muy posiblemente la caída del 67% que ha sufrido el crudo desde su máximo nivel, es una excusa para empezar a hablar de “ilegitimidad”.
Consecuencias de un default
Hasta el 15 de diciembre el Gobierno de Ecuador tiene plazo para decidir si paga este servicio de la deuda correspondiente a los bonos Global 2012. Si la decisión es no pagar, Ecuador entraría en default y se afectarían no solo los bonos 2012, sino también los bonos del 2015 y 2030, dado que los tres tramos están concatenados.
En este caso, los acreedores, tendrían que aceptar una pérdida o una renegociación de la deuda. Sin embargo, aquellos tenedores de los bonos que realizaron operaciones derivadas (CDS) para protegerse de la moratoria, van a salir beneficiados, dado que si el Gobierno Ecuatoriano no paga para forzar una renegociación, los acreedores asegurados entregarán sus bonos al asegurador y le pedirán que les entregue su dinero, al valor nominal de los bonos, haciendo finalmente un gran negocio. En este caso los verdaderos afectados van a ser las instituciones financieras que ofrecieron esos seguros, que se estima totalicen 400 millones de dólares, quienes se sentarán en la mesa de renegociación (si la hay) junto con el Presidente Hugo Chávez, que al parecer es un tenedor de estos títulos.
Si Ecuador entra en default no solo el riesgo país se incrementará, como ha sucedido desde el momento que suspendió el pago de la duda, sino que la posibilidad de obtener créditos con entidades multilaterales se anularía, por el riesgo a seguir incumpliendo las obligaciones adquiridas.
Para los ojos de los inversionistas extranjeros, un default en Ecuador se entendería como un default en Suramérica, ya que hacemos parte de una región que para muchos se entiende como eso: “una sola región”. Sin embargo, este punto de vista no es generalizado, ya que si se observan los spreads de la deuda actual, las grandes diferencias que hay entre una economía y otra (Cuadro 1) hacen que los inversionistas sean selectivos, sin pensar que “por uno pagan todos”.
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